Este lunes 14 de enero se personaron en el juzgado de primera instancia nº 4 de Santander la pareja afectada con sus dos hijas y un miembro de la plataforma Stop-Desahucios. Después de tener una entrevista con el letrado titular del juzgado, y “alguna discusión que otra”, según fuentes de la plataforma, se paralizó el desahucio.
El juzgado había emitido orden de lanzamiento para el martes 15 de enero de 2019 contra Angela y Alejandro, una joven pareja de 20 y 19 años, respectivamente, con dos niñas pequeñas de seis meses y dos años de edad.
Angela y Alejandro se encuentran en situación de desempleo. Angela ha tenido trabajos esporádicos en los últimos tiempos. De hecho, ha estado trabajando desde septiembre a diciembre de 2018 como teleoperadora, con un sueldo precario –entre 670 euros y 525 euros mensuales– pero se le terminó el contrato. En su momento, le concedieron a la familia la renta básica que cobraron durante dos meses a mediados del 2018 pero se la suspendieron posteriormente porque no pudieron entregar la documentación requerida relativa a la situación de la vivienda –el contrato de alquiler –. “Algo que no pueden aportar y que no es necesario para obtener la ayuda”, según Antonio G. Javega, portavoz de la plataforma.
Sin notificación y sin abogado
Pero no han sido las circunstancias personales, familiares y económicas las que han determinado la paralización del desahucio sino las “irregularidades jurídicas que se han producido en este caso”, en opinión de la plataforma. Y es que hasta el día de hoy no les habían notificado el lanzamiento y carecían de abogado cuando es preceptiva la asistencia de abogado y procurador en este tipo de procedimientos.
Esta familia lleva un año viviendo en un inmueble propiedad de Buildingcenter, que es la sociedad inmobiliaria de La Caixa. La vivienda está situada en La Peña del Cuervo de Santander y ha sido objeto de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales que dio lugar al lanzamiento, iniciado en abril de 2018. Según fuentes de la plataforma, “estamos hablando de un procedimiento civil, no penal, y, por tanto, no se les puede considerar “okupas” (delito de usurpación) sino como mucho personas ‘sin título suficiente”.
Y todo ello, a pesar de que la familia lleva meses proponiendo el pago de un alquiler social a Buildingcenter y a Servihabitat, la otra gestora de activos inmobiliarios de La Caixa. Sin respuesta por el momento. Aunque Angela y Alejandro informan que hace días llegaron a su casa de la gestora de La Caixa para hacer fotos y preguntarles si querían “sólo alquiler” o “alquiler con opción a compra”.
La plataforma Stop Desahucios denuncia la situación de esta familia. Para Antonio G. Javega: “Es una vergüenza que puedan desahuciar a una familia con dos niñas tan pequeñas. Hay resoluciones de la ONU y de la UE que están incumpliendo con este desahucio. Además, dicho desahucio se iba a realizar sin la obligada notificación al afectado y sin defensa jurídica, lo cual es una ilegalidad absoluta”.
La plataforma Stop-Desahucios avisa que los desahucios “van a aumentar en los próximos meses de forma exponencial, sobre todo por impago de alquiler o por carecer de título. Este mes de enero hay programados tres desahucios más”. La plataforma se reúne los martes en el centro cívico Numancia, sito en la Calle Cisneros 76; para contactar con ellos aportan un teléfono de contacto, el 671248146.