La Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria ha aprobado la concesión de ayudas del Plan Moves III para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos por importe de 605.932 euros.
El departamento que dirige Javier López Marcano acaba de validar un primer paquete de ayudas a 17 particulares y comunidades de propietarios por un importe total de 22.455,19 euros para la instalación de puntos de recarga, y otros 586.477 euros para siete proyectos de infraestructuras de repostaje presentados por empresas con una inversión total de 1,24 millones de euros.
Entre estos últimos hay cuatro proyectos de electrolineras, según ha destacado el consejero, quien ha explicado que estos puntos de recarga ultrarrápida se ubicarán en su mayoría en estaciones de servicio o en puntos estratégicos de acceso a grandes corredores como la S-20 y la S-30, la A-67 o la A-8.
López Marcano ha recalcado la extraordinaria demanda que están teniendo estas ayudas directas para fomentar la movilidad eléctrica, hasta el punto de que el presupuesto correspondiente a entidades locales y empresas para este año se ha agotado con las solicitudes recibidas en apenas seis meses desde el inicio de la convocatoria.
De hecho, 19 solicitudes de empresas han quedado en lista de reserva a la espera de tramitar una modificación del plurianual que permita adelantar a este año parte de los fondos asignados a la anualidad de 2023. Además, la Dirección General de Industria está preparando una solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, para que duplique la partida inicial asignada a Cantabria.
En total, la Consejería cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros hasta finales de 2023 para financiar estas ayudas dirigidas a dos programas, relativos a la adquisición de vehículos eléctricos y la implantación de infraestructuras de recarga de estos vehículos, para particulares y comunidades de propietarios, autónomos, empresas y ayuntamientos. De esta cuantía, la dotación presupuestaria para este año es de 2.245.000 euros para cada uno de estos dos programas.
López Marcano ha señalado que este programa encaja a la perfección con el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas de Cantabria, Asturias y Galicia para desarrollar una estrategia común de movilidad sostenible que favorezca el despliegue de electrolineras en grandes vías de comunicación a lo largo de toda la Cornisa Cantábrica, formando un gran Corredor Verde del Cantábrico.
Asimismo, ha destacado que estas acciones se complementan a la perfección a nivel regional, donde el Gobierno de Cantabria ya está trabajando en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en los 39 municipios de la Comunidad Autónoma con menos población, en el marco de la estrategia de lucha contra el despoblamiento que coordina la Consejería de Presidencia.
Con ello, esta acción coordinada en grandes vías y empresas, en domicilios de particulares, y en las entidades locales, permitirá dar un importante salto en el despliegue de infraestructuras de recarga este mismo año, ha subrayado el consejero.
Plan de choque
El programa MOVES III está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España dentro del Fondo de Recuperación Next Generation EU, y forma parte del Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada.
La coordinación y seguimiento del MOVES III corresponde al IDAE y en Cantabria el responsable de su gestión es la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio.
Los objetivos del programa son mejorar la eficiencia energética y medioambiental a través de la reducción de las emisiones contaminantes y del consumo de combustibles fósiles con la sustitución de vehículos antiguos por otros nuevos menos contaminantes y más eficientes; y favorecer la generación de empleo y la actividad económica y mejorar la competitividad de las empresas, en un contexto de recuperación económica tras la pandemia.
Esta nueva edición del MOVES presta un apoyo especial al colectivo de personas con discapacidad y movilidad reducida, a los autónomos del sector del taxi o VTC, o a las que estén empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que tendrán una ayuda adicional del 10%.