El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un acuerdo sobre el precio de venta de las 358 viviendas de protección oficial ubicadas en el barrio de Añaza en Santa Cruz de Tenerife por un montante de 24,9 millones de euros. El acuerdo ha sido por el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a las familias afectadas, en el transcurso de una reunión celebrada en Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife.
Para facilitar la operación de compra-venta, se aprobó en Consejo de Gobierno una ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la entidad pública de fondos destinados a la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria. A partir de ahora, será el Consejo de Administración de Visocan el que gestione los detalles de la operación, ya que las viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad.
Con este acuerdo se ofrece una solución definitiva a la situación que fue expuesta por los vecinos de dos promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años, varios de los cuales habían recibido comunicación de lanzamiento.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se congratuló por la buena disposición del banco a negociar «por debajo del precio tasado, 28,5 millones, y muy por debajo del precio máximo permitido para la compra de vivienda pública, que en este caso eran unos 36 millones de euros«. Asimismo, destacó la coordinación de las administraciones implicadas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que «ha permitido este acuerdo que se formalizará con la adquisición de las viviendas y su paso a titularidad pública».
«No hay otro ejemplo a nivel del Estado», ha señalado, subrayando que «los fondos buitre no tienen alma, corazón ni cara», ha afirmado Manuel Bermúdez, alcalde de Tenerife. El alcalde ha valorado también que esta operación representa «la forma de resolver los problemas», y que pasa por «escuchar a la gente y buscar actuaciones dentro de la ley».