«Creo que la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene poca Guardia Civil«, así se ha manifestado el diputado del PRC en el Parlamento de Cantabria, Pedro Hernando en alusión al Puerto de Santander y a la falta de seguridad que existe en la zona portuaria, siendo una competencia del Estado, y en este caso, de la Delegada del Gobierno en la Región, Ainoa Quiñones.
El Partido Regionalista de Cantabria exige garantizar la seguridad del Puerto de Santander con más medios personales, técnicos y económicos antes de proceder a la retirada de elementos disuasorios, como las denominadas concertinas, instaladas para disuadir los intentos de actividades ilícitas en el recinto portuario, una infraestructura “estratégica” para la economía de la Comunidad Autónoma. En 2021, se produjeron más de 2.500 intentos de entrada y, en la última semana, 35.
Así lo ha dado a conocer hoy el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando, durante la presentación de la proposición no de ley que los regionalistas han registrado hoy en la Cámara cántabra para su debate en el próximo pleno, para reclamar al Gobierno de la Nación que “asuma su responsabilidad” en la seguridad del recinto portuario que representa el 11% del PIB regional y está vinculado con el 10% del empleo de Cantabria.
En este sentido, Hernando ha apuntado que la presentación de esta PNL deriva de “la falta de respuesta” del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, especialmente, del Ministerio del Interior a los requerimientos realizados desde la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Cantabria durante el pasado año para solventar los intentos de “hechos ilegales” en el Puerto de Santander.
En concreto, ha explicado que, en el mes de febrero, la Autoridad Portuaria notificó al Ministerio las necesidades en esta materia en un documento de más de 200 folios, mientras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, remitió una carta en el mes de junio al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, describiendo el problema y pidiendo colaboración. “Poco o nada ha ocurrido desde entonces”, ha remachado.
Por ello, el portavoz regionalista ha considerado “fundamental” que se acabe con “la demagogia y con los discursos que dicen que no es competencia de nadie”, en alusión a las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiñones, quien sostuvo que la seguridad del Puerto de Santander es competencia de la Autoridad Portuaria.
Al hilo, ha recordado que el Puerto además de “elemento estratégico” para el tráfico de mercancías para abastecer a la mayor parte de la industria de la Comunidad Autónoma es “elemento fronterizo” de España y de la Unión Europea “y como tal su integridad debe ser garantizada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
“Esa es nuestra apuesta clara: más medios para la Guardia Civil, los competentes en seguridad pública, más medios para la Autoridad Portuaria que garantice medidas alternativas en seguridad interior y, finalmente, la desaparición de las concertinas cuando se hayan cumplido estos objetivos”, ha afirmado.
Hernando ha hecho hincapié en que el Puerto ha invertido más de 3 millones de euros, casi el 10% de su cifra de negocio, en medidas destinadas a “controlar el acceso, detectar intrusiones y disuadir a los posibles infractores”, para lo que se han instalado vallas más altas, cámaras, sensores de movimiento, sistemas ópticos de control de accesos, búnkeres para la vigilancia de las cargas al Reino Unido o sistemas disuasorios (en los que se incluye las denominadas genéricamente concertinas). “Todos sistemas pasivos”, ha dicho.
Sin embargo, el problema ha ido en aumento a lo largo de 2021, con más de 2.500 intentos de entrada, lo que “requiere una revisión” para evitar que la actividad económica del Puerto de Santander “no se vea perjudicada”.
En este sentido, el portavoz regionalista ha recordado que hace una semana se conocía que el Puerto había batido récord de cifras de toneladas, superando las de 2005. “Es absolutamente necesario de mantener y no debe verse entorpecido por la entrada de personas que están cometiendo una actividad ilícita”, ha zanjado.
Por todo ello, en su propuesta de resolución, los regionalistas solicitan al Gobierno de Cantabria que inste al Gobierno de la Nación a que “asuma sus competencias en materia de seguridad y control de fronteras e instalaciones estratégicas en el Puerto de Santander, incrementando de manera inmediata los medios personales, técnicos y económicos que se requieren para evitar la presencia de intrusos en sus instalaciones”.
Igualmente, pide que el Ejecutivo de Sánchez colabore presupuestariamente con la Autoridad Portuaria de Santander “en la ampliación y mejora de los medios técnicos y materiales para garantizar la seguridad de los tráficos de cargas, mercancías y personas, y que la competitividad y actividad del Puerto no se vea perjudicada por los problemas de intrusismo que se han venido sufriendo en los últimos años”.
Por último, plantea solicitar, “una vez cumplidos de manera efectiva” los dos puntos anteriores, a la Autoridad Portuaria de Santander “la retirada de todas las concertinas existentes y la cancelación de futuros contratos para el suministro de las mismas”.