¿Pueden expropiarme la vivienda? Esa pregunta está sobre la mesa. La Generalitat Valenciana está dispuesta a romper el hielo y expropiar viviendas en determinados casos. Antes de entrar en la propuesta valenciana apuntamos lo recogido en el País Vasco. Recordamos lo que siginifica el derecho a la propiedad privada y que recoge en el Artículo 33 de la Constitución Española.
El viernes 18 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Ooficial del País Vasco el DECRETO 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda. https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103486a.shtml
Según el Artículo 27 de este decreto, todo aquel que tenga una vivienda de segunda residencia, considerada como la vivienda de la misma titularidad que no se destina a vivienda principal sino de manera intermitente o en estancia temporal, se le podrá expropiar forzosamente si se declara como vivienda deshabitada.
Recientemente, Héctor Illueca, vicepresidente y consejero de Vivienda de la Generalitat Valenciana, ha asegurado en una entrevista con El Economista que el Gobierno regional no descarta la expropiación para garantizar el acceso a la vivienda. «Vamos a estudiar todos los mecanismos legales que existen en otras CCAA. Conviene no olvidar que esa posibilidad (la expropiación) estaba prevista en la ley de Función Social de la Vivienda y fue declarada inconstitucional por un recurso del PP», asegura Illueca.
«En otros sitios no se ha recurrido y se ha consolidado en el ordenamiento, y no descartamos ningún medio para cumplir el objetivo fundamental: el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda», agrega. Pero no es de la única medida que ha hablado el político en esta entrevista.
El consejero de vivienda también ha destacado la puesta en marcha del registro de viviendas deshabitadas para grandes tenedores. En este sentido Illueca calcula que puede haber 20.000 viviendas vacías en manos de estos agentes y que están siendo excluidas del mercado. «Cuando entre en vigor la norma pondrá medios para que esas viviendas en manos fundamentalmente entidades bancarias y fondos buitre salgan al mercado a precios asequibles», asevera en este sentido. Gracias a esta medida se podrá implantar el contrato de aseguramiento de los riesgos derivados del alquiler. Además, donde se declare una vivienda deshabitada, si en seis meses no se pone en el mercado puede acabar con sanciones de hasta 350.000 euros.
Como principal responsable de vivienda de la Generalitat valenciana, Illueca se ha fijado una serie de objetivos, aunque el principal es garantizar el derecho a la vivienda y que se convierta en un compromiso de verdad y no sólo palabras. En un segundo plano, el consejero también explica que buscará contribuir a la modernización del sector de la construcción, porque dice que es un sector clave para la economía de la región y del país.
Durante el encuentro con el medio digital, el responsable de vivienda de la Comunidad Valenciana hizo balance de la legislatura. «Se han adquirido 700 viviendas por valor de casi 37 millones de euros, con todos los instrumentos administrativos y normativos de los que disponemos. De ellas 442 fueron adquiridas mediante el uso del derecho de tanteo y retracto, 187 por adquisición directa y 71 por concurso de compra», afirma. A futuro, Illueca considera que en 2022 deberán estar como mínimo en otras 400 viviendas.
Con respecto a la colaboración público-privada, el político asegura que tienen proyectadas la construcción de 2.457 viviendas de protección publica y más de 1.300 de esas viviendas serán en este tipo de régimen con previsión de cesión de suelo. O lo que es lo mismo, los constructores van a acceder a suelo público en condiciones muy ventajosas, según explica el consejero. Por este motivo, el Gobierno regional elabora el concurso de solares en contacto con el sector, según desliza en la entrevista. «Hemos incorporado el acceso los fondos europeos», relata.