La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria se ha concentrado en Santander junto a las personas trabajadoras de Unicaja Banco para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la movilidad geográfica obligatoria y el recorte de condiciones laborales que sigue manteniendo la empresa en la mesa de negociación, que cuenta con casi 400 personas en su plantilla en Cantabria y cerrará 28 oficinas -tiene unas cien en la actualidad- en la comunidad.
De esta forma, la plantilla del banco en Cantabria se ha sumado a las concentraciones convocadas este martes en distintas capitales de la geografía nacional que coinciden con las reuniones de los días 23 y 24 entre la empresa y los sindicatos dentro del periodo de consultas de los procedimientos anunciados por Unicaja hace más de mes y medio –periodo que se cierra en poco más de una semana-.
Las negociaciones sobre el ERE, que se están llevando estos días en Málaga, cuentan con la presencia como titular en la mesa de la comisión negociadora de José Luis Rivas, delegado de CCOO en Liberbank, que ha remarcado que “es fundamental la voluntariedad en este proceso y en las salidas y demás medidas que se llevarán a cabo en los próximos meses”.
Respecto a las personas trabajadoras que podrían estar afectadas en Cantabria, Rivas ha subrayado que es “inadmisible” que la propuesta de extinciones de contratos deje fuera al colectivo de entre 50 y 55 años, que representan el 57,5% del total de la plantilla del banco en la Comunidad –son 224 personas-.
Por otro lado, Rivas ha denunciado que la propuesta “expone a una situación de riesgo a las personas menores de cincuenta años –que son 139 en Cantabria, el 35,73% de la plantilla- con indemnizaciones penosas” y, a quienes tienen más de 55 años, la empresa “les oferta salidas en condiciones inaceptables”.
Rivas ha lamentado que “no haya un acercamiento que permita vislumbrar un acuerdo” y ha remarcado que los despidos que se plantean “no tienen unas condiciones dignas”. Además, Rivas ha denunciado que “se pretenda imponer una movilidad geográfica obligatoria y una homologación laboral que generará desigualdad entre la plantilla, al promover que haya trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda”.