La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy una propuesta de reforma fiscal que contiene una bajada masiva de todos los impuestos a los cántabros, con una rebaja media por contribuyente de 600 euros, 1.000 en el caso de las clases medias, las más castigadas por las subidas aprobadas en los últimos años.
La dirigente popular ha defendido en rueda de prensa que es urgente y posible reducir los impuestos y además este es el momento, porque se están tramitando los presupuestos de Cantabria, que el grupo popular no apoyará si no sirven para bajar los impuestos a partir del 1 de enero de 2022.
“El Gobierno de Cantabria dice que no va a subir los impuestos y yo le digo que ya los ha subido bastante, que no puede subirlos más y que hay que bajarlos, que tenemos que ser el dique de contención que contrarreste los sablazos impositivos de Pedro Sánchez y la losa que tenemos encima con la subida de los precios de la cesta de la compra, los combustibles, la energía, el pago de peajes por circular por las autovías y suma y sigue”, ha dicho Buruaga, quien ha remarcado que, de lo que se trata, es de crear riqueza y aliviar la economía de las familias cántabras.
La reforma fiscal a la que el PP condiciona su apoyo a los presupuestos para 2022 recoge una reducción de todos los impuestos cedidos sobre los que la comunidad tiene capacidad normativa para revertir las subidas aprobadas y consolidadas por el Gobierno de Revilla y ganar competitividad fiscal, y más deducciones, bonificaciones y ayudas a las familias, a las personas con dificultades, a la maternidad, a los jóvenes y para acceder a una vivienda.
Según la presidenta, frente a la voracidad recaudatoria del Gobierno de Revilla, que ha situado a Cantabria entre las regiones en las que más se impuestos se pagan y la ha hecho retroceder hasta el puesto número once en competitividad fiscal, la comunidad autónoma tiene que convertirse en un polo de atracción para empresas y contribuyentes si lo que se quiere es impulsar la recuperación.
BAJADA MASIVA DE IMPUESTOS
Así, la propuesta incluye una bajada generalizada del IRPF en todos los tramos autonómicos del impuesto que va a beneficiar a los casi 295.000 contribuyentes cántabros, pero especialmente a las rentas más bajas y a las medias que han concentrado las subidas de los últimos años.
El Partido Popular propone bajarlo un punto a las rentas de hasta 12.450 euros, situando el tipo impositivo mínimo en un 8,5%, el más bajo de España junto con la Comunidad de Madrid. Igualmente, se baja un punto en los tramos siguientes y se suprimen dos para dejarlo en uno único para las rentas de más de 60.000 euros, reduciendo el tipo autonómico en este caso al 22.5%.
Con esta reforma, el tipo máximo agregado se fija en el 47%, frente al 50 actual porque, según ha defendido Buruaga, no puede ser que en Cantabria haya profesionales que paguen en impuestos la mitad de lo que ganan.
En Sucesiones, se plantea extender a los hermanos la bonificación del 100% que ya existe entre padres e hijos y entre cónyuges, de manera que nadie tenga que pagar por heredar de un familiar directo, y en Patrimonio, el PP apuesta por reducirlo progresivamente hasta suprimirlo en 2024.
La presidenta ha defendido que este impuesto, que ya nadie aplica en la UE, es anacrónico y obsoleto y tiene un efecto negativo muy alto en menor inversión, ahorro y atracción de capital, un efecto deslocalizador que arrastra a la renta.
En Transmisiones Patrimoniales, el PP propone una bajada del 10 al 8% para la compra-venta de bienes inmuebles y del 8% al 4% en el caso de bienes muebles, incluidos los vehículos de segunda mano.
Además, da un tratamiento específico mucho más favorable a la primera vivienda, bajando los dos impuestos que gravan esa adquisición, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, especialmente a los colectivos más vulnerables: familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, y los jóvenes menores de 36 años, que necesitan apoyo para poder emanciparse.
En concreto, se propone reducir tres puntos, hasta un 7%, el tipo impositivo del Impuesto de Transmisiones para la compra de vivienda habitual y a un 3% en el caso de esos colectivos especiales y de viviendas de protección oficial. El impuesto de actos jurídicos documentados para primera vivienda queda reducido a un 1%, un 0,1% en el caso de los colectivos especiales.
Para generar actividad económica en la Cantabria vacía y frenar la despoblación en el medio rural, tan necesitado de discriminación positiva, el PP propone mejorar aún más la tributación por la compra de la primera vivienda. Así, las familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad y los menores de 36 años no pagarán impuestos por comprar su primera vivienda en zonas de riesgo de despoblación, mientras que para el resto se fija en el 2% el tipo de Transmisiones y en un 0.3% el de Actos Jurídicos Documentados.
MÁS DEDUCCIONES, BONIFICACIONES Y AYUDAS A LAS FAMILIAS, LOS JÓVENES Y LAS PERSONAS CON DIFICULTADES
A esta bajada masiva de impuestos, el PP suma toda una serie de deducciones y bonificaciones en el IRPF dirigidas a fomentar la natalidad, ayudar a la maternidad y apoyar a las familias, con más ayudas para el cuidado y atención de los hijos.
El PP propone ampliar las deducciones por gastos de guardería y los derivados de la contratación de empleadas de hogar y establece una deducción autonómica de 1.200 euros por nacimiento o adopción compatible con la del Estado.
Además, introduce deducciones por gastos de aprendizaje de un idioma y por la compra de material escolar y mejora las deducciones por gastos médicos, eliminando los límites de renta que estableció el Gobierno de Revilla y recuperando la deducción por gastos de seguros médicos privados que el bipartito suprimió.
El segundo paquete de deducciones y bonificaciones se dirige a apoyar a los colectivos más vulnerables y personas con mayores dificultades, con un incremento hasta los 1.500 euros de las deducciones por acogimiento de menores y cuidado de personas mayores y con discapacidad.
Se establecen dos deducciones nuevas, para familias con dos o más hijos e ingresos de menos de 30.000 euros, del 10% sobre la cuota del IRPF, y para mayores de 65 años y personas con discapacidad que no tengan vivienda en propiedad, de un 10% del coste anual para ayudarles a pagar el alquiler.
Especial atención merecen los jóvenes, que disfrutarán de tipos súper reducidos en el impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para la compra de su primera vivienda y, además, podrán deducirse hasta 2.500 euros por compra y 1.000 por alquiler.
La presidenta ha destacado que esta propuesta constituye una auténtica revolución fiscal con la que Cantabria dejará de ser una región hostil al contribuyente y servirá de empuje para la recuperación en lugar de continuar lastrándola, puesto que los hogares y las pymes volverán a comprar y a invertir, moviendo el mercado y favoreciendo el emprendimiento y la creación de empresas.
Además, supone inyectar en la economía real 110 millones euros que impulsarán la actividad económica y los mayores retornos que se generan en forma de recaudación.
Buruaga ha remarcado que menos impuestos significa más confianza, más actividad económica, más consumo familiar, más inversión empresarial, más empleo, más recaudación y, por tanto, más recursos para alimentar la sociedad de bienestar y ha subrayado que la propuesta es posible porque la comunidad nunca ha estado en un contexto más ventajoso ni ha recibido más fondos procedentes del Estado o de Europa.
Según la presidenta, no hay excusas cuando el Gobierno de Cantabria dispondrá en 2022 de un presupuesto de 3.340 millones, 1.000 millones más que el que manejó el Gobierno del Partido Popular en 2015, y cuando Cantabria es la región mejor financiada del país.