El Grupo Popular defenderá el lunes en el Parlamento de Cantabria una iniciativa contra la ocupación ilegal de viviendas, un «problema muy serio» y de «magnitud» en algunas localidades la región, donde «va a más», y ante la falta de respuesta de las administraciones frente a ese «atropello» a los derechos de los propietarios.
En concreto, presentará una proposición no de ley para instar a las Cortes Generales a modificar la legislación de forma que no se considere morador al ocupante ilegal de una vivienda y que se le pueda desalojar en un plazo máximo de 12 horas.
Asimismo, pide modificar la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria para que no puedan ser propietarios ni usuarios de dichas viviendas sociales las personas condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionadas mediante resolución administrativa firme.
Una proposición que hoy ha presentado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, Iñigo Fernández, que ha explicado que su partido propone «soluciones» contra la okupación porque «no podemos seguir admitiendo que las instituciones y administraciones públicas no hagan nada frente a uno de los atropellos más salvajes que se pueden producir hacia los derechos de los demás».