«¿Brecha salarial? En corporaciones locales todas las personas contratadas para un puesto cobran lo mismo y además está superregulado al ser una subvención». Sí, es una creencia habitual aquello de la regulación. Pero comencemos por el principio.
Las «corporaciones locales» es el nombre por el que se conoce a una serie de empleos subvencionados demandados por los ayuntamientos. Estos empleos funcionan con una relación laboral igual a la que tiene una empresa (ayuntamiento) con un empleado generalmente del tipo «por obra y servicio».
¿Y estas personas son funcionarios? No, como decimos la relación es similar a la de una empresa privada y es temporal, generalmente de seis meses. Pero, y aquí viene el problema, los ayuntamientos tienen convenios internos para perfiles de trabajo que deben aplicar a esta plantilla.
Los ayuntamientos intentan zafarse de esta obligación con cláusulas internas
Los ayuntamientos intentan zafarse de esta obligación con cláusulas internas en las que escurren el bulto dejando que esta plantilla se regule con el convenio del sector (generalmente peor pagado). Estas clausulas contravienen el Estatuto de los trabajadores donde se deja claro que si tienes un convenio propio que recoge un puesto con las funciones que está desempeñando tu trabajador, ha de cumplirse este convenio y no otro externo, a pesar de que la categoría laboral tenga una denominación diferente.
Como podéis ver, con brecha salarial no nos referimos a una cuestión de género. Si no a la diferencia salarial entre los convenios generales de sector y los convenios de los ayuntamientos que deberían aplicarse.
Esta situación está siendo vivida y denunciada por un compañero en Castro Urdiales. No es nada nuevo que, los ayuntamientos, amparándose en sus propias cláusulas quieran saltarse las normas más básicas.
Tienen además la mala costumbre de presentarse a las mediaciones laborales sin dar opción a negociación, cuando se presentan. Dando por hecho que las demandas de las trabajadoras carecen de fundamento. Intentando así minar la confianza y posibilidades económicas de las demandantes, forzándolas a un proceso judicial convencidos de que no vamos a seguir adelante.