La diputada nacional Elena Castillo y el senador Javier Puente han defendido hoy la Ley registrada por el Partido Popular para abaratar la factura de la luz, frente al plan del Gobierno de Pedro Sánchez, que supone un parche con medidas cortoplacistas que son “pan para hoy y hambre para mañana”.
En una rueda de prensa para informar de las iniciativas del PP ante el problema de enorme envergadura que representa para muchas familias la factura eléctrica, que continúa disparada y marcando récords, los parlamentarios populares han explicado que la intervención de la economía y la política confiscatoria que contiene el llamado Plan de Choque del Gobierno, además de ser de dudosa legalidad, llevará a la pérdida de competitividad y de inversión y redundará en la pérdida de empleos.
Según ha señalado Elena Castillo, además de establecer un recorte en los beneficios de las eléctricas, el Gobierno contempla un suministro mínimo vital a las familias más vulnerables que estén acogidas al bono social, pero mientras, sigue dando largas al proyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que lleva 24 prórrogas.
La diputada ha recordado que el aumento del precio de la luz es imparable, llegando a alcanzar este jueves el máximo histórico de 188,18 euros el megavatio/hora y subiendo. Y ha dicho que la gente no puede vivir sintiéndose culpable cada vez que plancha, pone la lavadora, conecta el ventilador o por querer vivir de día y dormir durante la noche.
Para la diputada del PP, el plan de Sánchez carece de reflexión y de un buen diagnóstico y solo acierta cuando hace suya parte de las propuestas del PP. Según ha dicho, Sánchez, al igual que Revilla, están mareando y fundiendo la paciencia de los cántabros y las pocas luces de su gobierno para resolver los problemas diarios son el mayor problema de los ciudadanos.
En este sentido, ha lamentado que, en lugar de defender los problemas más acuciantes de los cántabros, los regionalistas dediquen ahora sus esfuerzos a la exclusión de Cantabria en el Corredor Atlántico y Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte, cuando esta situación data de 2011, año en el que gobernaba el PRC. Igualmente, ha considerado que con este Pan el PSOE quiere distraer la atención de la mesa bilateral del Gobierno con Cataluña, una negociación que crea desigualdad y agravios entre españoles.
Castillo ha subrayado que el Partido Popular, al igual que ha hecho hasta ahora, va a seguir defendiendo a los consumidores más vulnerables, el bienestar de las familias y la supervivencia de los autónomos y de las empresas y las industrias de Cantabria, que ven como la luz sube desorbitadamente y los impuestos nos asfixian. Y, a modo de ejemplo, los parlamentarios populares han mostrado facturas de la luz de diversos negocios que, en algunos casos han aumentado más del doble en el último año.
ES NECESARIO UN CAMBIO ESTRUCTURAL
Los populares consideran que es necesaria una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental y no un cambio coyuntural como el planteado por el Gobierno, que -según han indicado- solo tendrán efecto para el plazo de tres y seis meses. “No sabemos qué va a pasar después, probablemente paguemos lo que en ese tiempo no vayamos a pagar”, ha apuntado Castillo.
El objetivo de la Proposición de Ley registrada por el PP en el Congreso el pasado 7 de septiembre modifica varias leyes con el objeto de eliminar de la factura los costes indirectos y sufragarlos a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un plan estructural que no sea “pan para hoy y hambre para mañana”.
Para rebajar la factura eléctrica el PP propone usar 2.000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para aliviar la factura, traspasar a los Presupuestos Generales del Estado los costes no energéticos (3.400 millones), suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (1.600 millones) y consolidar la bajada del IVA de la electricidad al 10% (2.000 millones). Cuatro medidas que supondrían un ahorro de 9.000 millones de euros para los consumidores.
Porque, según ha dicho el senador Javier Puente, «subir el precio de la luz es comprar todas las papeletas para que no baje el paro» ya que toda la actividad productiva se resiente cuando la energía se hace más cara y lastra la economía.
En este sentido, Puente ha apuntado la repercusión de la subida de los costes energéticos en el Índice de Precios de Consumo (IPC), que en agosto subió el 3,3%, lo que, traducido de firma rápida, quiere decir que todos somos un 3,3% más pobres. Una subida que repercute en la cesta de la compra así como en los carburantes y combustibles, el transporte o la vivienda.
“La factura de la luz es un palo más a nuestros ganaderos, a nuestros autónomos, a nuestras pymes, a nuestros restaurantes y a nuestros comercios», ha dicho Javier Puente, quien también ha censurado el “silencio total” del presidente Revilla ante los problemas reales de la gente como la subida de la luz, de los impuestos o el paro juvenil, mientras sigue vendiendo su libro.