El Gobierno de Cantabria y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos estudian fórmulas para simplificar la contratación de obra pública en Cantabria, según ha anunciado el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, tras reunirse con la Junta Directiva de este colectivo, encabezada por su decano, Ezequiel San Emeterio.
En el encuentro se ha hablado de impulsar distintas fórmulas para mejorar la Ley de Contratos, que actualmente presenta ciertas dificultades como consecuencia de algunas modificaciones sufridas, y a las que hay que sumar los tiempos que requiere el trámite administrativo.
Mazón ha subrayado el compromiso del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para hacer llegar al Ejecutivo las propuestas surgidas dentro de los grupos de trabajo que se han puesto en marcha desde este organismo. Lo mismo ocurrirá con los informes de evaluación de edificios que, estructuralmente, son competencia de los ingenieros, según ha señalado el consejero.
Durante la reunión, en la que también han estado presentes el vicedecano, Luis Ángel Fernández, y el secretario del Colegio de Ingenieros, Christian Martínez, y de la que ha informado el Gobierno en un comunicado, se han tratado otras cuestiones que afectan directamente a este sector y están estrechamente ligadas al departamento que dirige Mazón.
Entre ellas se encuentra la obligatoriedad y las fórmulas de los visados de los contratos, asunto sobre el que el consejero ha planteado la opción de crear un convenio conjunto que plasme algunos de los acuerdos que ya existen a la hora de hacer dichos visados.
También se ha planteado la posibilidad de seguir colaborando a través de distintos foros y jornadas, como el Foro ENLAZA, que se realiza con distintos sectores y materias. En este sentido, el titular de Obras Públicas ha adelantado que Gobierno y Colegio de Ingenieros están pensando celebrar uno específico sobre puertos el próximo año.
Por último, se ha abordado la obligatoriedad de la colegiación, un tema surgido hace unos meses a raíz de distintas sentencias judiciales emitidas por el Tribunal Supremo, así como la opción de desarrollar un acuerdo marco para la redacción de proyectos que afectan directamente a estos profesionales, fundamentalmente en obras de carreteras.