El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Noja (PRC) ha manifestado su «respeto» por la sentencia judicial que condena al que fuera alcalde del municipio, Jesús Díaz (PP), por un delito continuado de prevaricación a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al entonces secretario municipal a nueve años de inhabilitación.
«Siempre es una buena noticia que la Justicia, cuyos tiempos no siempre son los que la ciudadanía demanda, haya aclarado lo ocurrido», ha valorado el Consistorio, aunque ha lamentado «el daño» que el que fuera regidor durante 27 años «ha hecho a la Villa».
«Una vez más, el municipio se ve afectado por una sentencia judicial que condena la gestión del anterior alcalde», quien, según el fallo de la Audiencia Provincial, dictó «numerosas resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias» para retrasar la concesión de licencias a la promotora ‘Nocanor’, empresa familiar del actual regidor, el regionalista Miguel Ángel Ruiz.
En el comunicado, el Ayuntamiento ha puesto en valor la «transparencia y el buen gobierno que caracteriza la gestión municipal desde 2015″, en contraste -ha comparado- con la «opacidad que están desvelando y juzgando los tribunales».
El equipo de gobierno ha lamentado así el «daño que el exalcalde ha hecho a la Villa», cuyos «vecinos no se merecen que su municipio sea recordado por la corrupción de un dirigente que actuó en base a motivaciones personales, nunca públicas». Asimismo, ha recordado que «no es la única causa judicial que tiene abierta» Jesús Díaz, en referencia a las diligencias previas iniciadas por delitos de prevaricación y falsedad documental.
EL AYUNTAMIENTO, ABSUELTO
El abogado municipal, Antonio Gutiérrez Ablandes, por su parte, ha valorado «muy positivamente» que el Consistorio haya sido absuelto del pago de la responsabilidad civil que se le reclamaba.
La sentencia considera probado que el exalcalde de Noja cometió un delito continuado de prevaricación por dictar «numerosas resoluciones abiertamente injustas y arbitrarias».
Y añaden los jueces que su proceder «fue amparado» por el secretario municipal, que «en todo momento dirigió la tramitación de los expedientes y fue conocedor de la ilegalidad de las resoluciones acordadas por el alcalde y por la junta de gobierno local».
En este sentido, la continuidad del delito se basa en las «numerosas resoluciones que se estiman prevaricadoras», dictadas por el alcalde y amparadas por el secretario municipal y «estando todas ellas orientadas a poner trabas y dificultar la tramitación».
Para el equipo de gobierno municipal, con esta sentencia «se demuestra que (Jesús Díaz) actuó en todo momento buscando el interés personal, suyo y de su familia, y no el interés y el bien común».