El Ayuntamiento de Laredo, quiere aclarar en este comunicado diversas afirmaciones que no se ajustan a la realidad en lo tocante al procedimiento por presunta vulneración de derechos fundamentales presentado por los grupos de la oposición. Asegurar que se “vulneró el derecho a la participación política” de los grupos cuando la sentencia sólo admite una de las cinco peticiones de la oposición y desestima las cuatro restantes por su extralimitación procesal resulta desacertado y no responde a la realidad de la sentencia.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso ha rechazado los apartados b, c y d de la anterior resolución y no ha impuesto ninguna condena al Ayuntamiento. Denegando estos apartados la Sala establece que NO SE NEGÓ el acceso a la información municipal a los concejales de la oposición. Tampoco admite que la posterior convocatoria durante el estado de alarma de sesiones de los órganos de gobierno municipales colegiados de forma presencial, sin ofrecer medios telemáticos, haya vulnerado el derecho a la participación política.
La Sala tampoco estima la petición de la oposición que solicita la condena al Ayuntamiento de Laredo a habilitar los medios técnicos necesarios para la oportuna convocatoria de reuniones telemáticas durante el tiempo que reste del estado de alarma sanitaria. Y por último la Sala rechaza también la imposición de costas al Ayuntamiento de Laredo.
Considerando la gravísima situación creada por la pandemia, en especial en los meses de marzo y abril de 2020, el comportamiento de múltiples municipios de Cantabria y España que anularon todos sus actos presenciales y las extralimitaciones procesales de la mayoría de los pedimentos de la demanda; puede afirmarse que la oposición del Ayuntamiento de Laredo utilizó la pandemia para desgastar políticamente al equipo de gobierno. Resulta difícil creer que un equipo de gobierno que celebra 12 Juntas de Portavoces para consensuar medidas e informar a todos los grupos políticos de la progresión de la pandemia, pueda ser acusado de coartar la participación.
La decisión tomada por el Ayuntamiento de Laredo emanaba de la recomendación emitida por el Gobierno de Cantabria que recomendaba la paralización de la actividad municipal en aquellas fechas de inicio de la pandemia. Aunque diversos municipios tomaron la misma actitud, sólo los grupos de la oposición de Laredo llevaron la supresión de un Pleno a los tribunales. Esta actitud puede suponer una instrumentalización interesada de la Justicia tan impresentable como inaceptable.