Las comunidades con competencias en justicia, entre ellas Cantabria, y el Ministerio de Justicia, han aprobado hoy por unanimidad el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución, así como el reparto resultante del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En total, Cantabria recibirá 584.284 euros, de una cantidad global que alcanza los 20,6 millones de euros este año, que se destinarán a la realización del ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030, con el que se implantarán infraestructuras digitales homogéneas e interoperables en todo el territorio del Estado.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, ha participado en la reunión de la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las autonomías y ha dado su voto favorable al reparto del fondo que contempla, según ha explicado, inversiones autonómicas en el ámbito de la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.
Ha detallado las cuantías y cada uno de los proyectos que desarrollará Cantabria con estos fondos europeos para justicia este año y que propiciarán, en su opinión, “ampliar las posibilidades para la celebración de juicios telemáticos, la implantación del teletrabajo y agilizar el proceso de digitalización de la justicia regional”.
Así, según ha explicado, una de las mayores cuantías, 200.000 euros, irá destinada a la adquisición de equipos portátiles para facilitar el teletrabajo, un proyecto telemático “ya lanzado” por Cantabria, en coordinación con la Dirección General de Organización y Tecnología del propio Gobierno autonómico. Igualmente, los fondos europeos serán aprovechados por Cantabria para agilizar el proceso de digitalización de todos sus sistemas. Así, otros 200.000 euros se destinarán al proceso de transformación del sistema analógico al digital de las salas de vista, por lo que se instalarán nuevos micrófonos, amplificadores y mezcladores.
En materia de inmediación digital, se invertirán otros 110.000 euros al proyecto de centralización de las grabaciones en las salas de vista, que Cantabria, como ha recordado la consejera de Justicia, ya tiene en marcha con un presupuesto global de 310.000 euros. Otras partidas menores se destinarán a la adquisición de escáneres dentro del proceso de digitalización de la Administración de Justicia (50.000 euros); el desarrollo de un software de control horario para hacer efectivo el trabajo remoto (25.000 euros); adquisición de equipamiento (sistemas de grabación, equipos audiovisuales y de videoconferencia) para la celebración de juicios telemáticos en el Complejo Judicial de Las Salesas (20.000 euros), y dotación de auriculares, cámaras y micrófonos para los puestos de trabajo con los que facilitar la asistencia telemática a usuarios y profesionales (5.000 euros).
Reactivación de la justicia
En palabras de la consejera de Justicia, todas estas inversiones serán un “factor de reactivación muy importante”, frente a la nueva crisis derivada de la pandemia, y ha considerado que esta Administración necesita de medios materiales y personales y, por eso, el Gobierno de Cantabria cuenta con el mayor presupuesto desde la asunción de las competencias de justicia. Fernández Viaña se ha referido también a la segunda fase del proyecto de reformas en justicia, financiado con los fondos de recuperación, cuya inversión ascenderá a los 410 millones de euros en 2022 y 2023, y que también se ha analizado durante la Conferencia Sectorial.
Se trata, según ha explicado, de inversiones y proyectos “más ambiciosos”, cuyas acciones concretas están “pendientes de definir”, pero que profundizarán en el nuevo modelo judicial orientado al dato y a la interoperabilidad de los sistemas judiciales utilizados en el país, la ciberseguridad, el desarrollo de los sistemas de gestión procesal, textualización de las grabaciones de las salas de vista y la digitalización de los registros civiles. “Son los nuevos retos que se plantean ahora en la Administración de Justicia”, ha indicado la consejera, encaminados a dar respuesta a la nueva reorganización del sistema judicial en el conjunto del país, que lleva consigo la implantación de los tribunales de distancia y el cambio de los servicios de registro civil, entre otros. “Caminamos hacia una justicia más accesible y entendible”, ha concluido.