Después de 100.000 muertos, seis millones de parados y la homérica incompetencia que todo el Estado ha evidenciado para hacer algo en beneficio del común durante la pandemia, el panorama al que se enfrenta España y los españoles es inquieto, tanto en lo económico, en las relaciones personales, como en las consecuencias que toda esta desgracia ha tenido para las libertades. Es sabido que cada vez que el Estado no sabe que hacer o no sabe explicar lo que hace, se escuda en la «razón de Estado», que es arbitrariedad, discrecionalidad, ausencias de garantías. La erosión en definitiva de las libertades.
Si algo se puso en marcha nada más desatarse la situación fue el «Estado de Excepción» , toque de queda incluido, la población confinada bajo la amenazante «Ley Mordaza» del malhadado Fernández, las empresas con dificultades para funcionar, el Parlamento quedó reducido a una función ribereña en cuanto al control gubernamental e iniciativa legislativa, con la capacidad de compra y contratación del Ejecutivo prácticamente al libre albedrío.
Como la voracidad del Estado, todo el Estado, sin excepción, es inacabable, se activan en este triste periodo de la vida nacional medidas que merman la libertad de la gente: Los Asesores Fiscales verán vulnerado el secreto profesional en la relación con sus clientes, obligando a delatarles. Se limita la capacidad de los ciudadanos para utilizar su dinero como quieran, prohibiendo su disponibilidad en efectivo y obligando a la utilización de otros medios de pago, al mismo que tiempo que se pone en marcha el control de la movilidad de los españoles por medio del espionaje de sus teléfonos móviles.
No produce ninguna satisfación escribir sobre esto, es más desahogado hablar de los pajarillos, que todos somos buenos y benéficos (la Pepa) pero no es esa la realidad. No es alarmista, es decir verdad, que el País está sumido en el desánimo y que sin necesidad siquiera de ser ningún experto se detecta la situación, empezando por la agonía de la clase media que puede suponer hasta un riesgo político, pues la solidez de las clases medias de un país corren paralelas a la estabilidad política, económica e institucional, ya que estas son la base que sostienen tanto el consumo como la financiación del gasto en educación o salud, al mismo tiempo que garantizando la estabilidad política expanden los mayores niveles de confianza en la democracia representativa.
¿Qué puede ocurrir? Pues tensiones sociales, deterioro institucional, cuestionamiento de la democracia… todo esto puede ocurrir si no se adoptan medidas tendentes a solucionar la pandemia y mejorar la economía. No hay país que soporte un paro de seis millones, llámese como se llame la situación administrativa en la que se encuentran, pues el paro provoca pobreza, impide los proyectos de vida, ensombrece el futuro y minusvalora en lo personal.
Ante esto, tenemos un Estado que gasta lo que no tiene, que genera una deuda que con mucha suerte y marchando las cosas bien lo más que podrá hacer es pagar los intereses de esa deuda, ello a pesar de la inmensa cantidad de impuestos que caen sobre los ciudadanos y las empresas como baldón de un Estado ineficiente que necesita recaudar cuatro euros para aportar uno solo al Producto Interior Bruto.
Esto puede ser así, los españoles deben plantearse con responsabilidad si aceptan lo que puede llegar y lo asumen sin más con espíritu de oveja o afrontan la responsabilidad democrática de defender las libertades cuyo gozo es impagable, pero la pérdida de calidad real de las mismas no es una posibilidad descabellada.
Autor: Alfonso del Amo-Benaite. Consultor de Mercados & Marketing.