Cantabria ha suspendido con una nota de 3,6 en atención a la dependencia con datos a diciembre de 2020, lo que supone un retroceso del 38% en comparación con un año antes, cuando rozó el 6 (5,7), y es la nota más baja registrada por la comunidad desde 2015, según los datos del XXI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia que se ha dado a conocer este lunes.
Esta calificación hace que Cantabria se encuentre entre las comunidades a la cola en la atención a la Dependencia según los 14 indicadores empleados en la valoración de la implantación y desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia.
Estos 14 indicadores analizan las personas beneficiarias sobre el total de población dependiente; las solicitudes; personas que no obtienen el grado sobre personas con resolución de grado; las personas con derecho reconocido pendientes de atención; el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas; la integración la red de servicios sociales; la tasa de variación interanual de personas atendidas; el gasto público; la tasa de variación interanual (incremento o pérdida) de expedientes Grado III; los solicitantes pendientes de resolución de grado; el sistema de información en tiempo real; el empleo generado; la ratio de prestaciones por persona beneficiaria; y la ratio de servicios proximidad y prestaciones económicas.
La nota máxima que se puede obtener en cada uno de los indicadores es un 1 y Cantabria consigue la máxima calificación en cinco; un 0,5 en dos; un 0 en seis; y un -1 en uno, por lo que el resultado final es de 5.
Al extrapolar este resultado a una escala de 10, Cantabria consigue una nota final de 3,6, solo superior a la de la Comunidad de Madrid y Aragón (3,2), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4).
En Cantabria, la cobertura de personas potencialmente dependientes es del 11,6 %, la más baja de España; y es la quinta comunidad con mayor porcentaje de personas en lista de espera, un 18,5%, mientras que la media nacional es del 17,1 por ciento.
Además, es la tercera comunidad con mayor porcentaje de personas con derecho reconocido pendientes de atención, un 24,4%, solo inferior a La Rioja (29,3%) y Cataluña (31,9%). Y encabeza el porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución grado, un 29,4%, cuando la media es del 7,7%.
Por otro lado, mientras que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 430 días, aunque la Ley fija un plazo de 180 días, sólo hay cuatro territorios cercanos a esa cifra y son Ceuta, con una media de 76 días; Melilla, con 196 días; País Vasco, 138 días y Castilla y León, 187 días. En este caso, Cantabria está por debajo de la media, con 246 días.
Asimismo, el gasto público medio anual por persona potencialmente dependiente en España el pasado año fue de 1.158 euros, aunque por encima de esta cantidad y en primera posición se encuentra País Vasco, con un gasto medio de 1.677 euros, seguida de Cantabria, con 1.545 euros y Castilla y León, con 1.471 euros.
Según este dictamen, en España, los principales indicadores de gestión, no solo no han avanzado en el 2020, sino que han retrocedido a septiembre de 2019, una «catástrofe» generada por la Covid-19 y por la falta de medidas que deberían haber tomado el Gobierno de España y las comunidades para flexibilizar los procedimientos «y no
paralizar los procesos».
Y es que en sólo cuatro comunidades aumentaron el número de personas reconocidas en situación de dependencia, Valencia (+12.378), Canarias ( +722), Baleares (+537) y Asturias (+386), el resto de los territorios retrocedieron.
Además, nueve comunidades terminaron el año con menos personas beneficiarias de prestaciones o servicios que al inicio del año, Madrid (-10.180), Cataluña, (6.796), Castilla La Mancha (-2.333), Aragón (-1.419), País Vasco (-1.305), La Rioja (-604), Navarra (-140), Ceuta y Melilla (-107), Cantabria (-56).