El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha exigido hoy a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, un compromiso firme de no llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) hasta que no cuente con el consenso de todas las comunidades autónomas pero, especialmente, de las cuatro comunidades autónomas que albergan la mayor parte de ejemplares de esta especie en España en una nueva estrategia nacional y que llevan años asumiendo la conservación y gestión de la especie sin colaboración de ningún tipo por parte del Gobierno de España.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “va a pelear hasta las últimas consecuencias para que el Ministerio reconsidere su postura y, en caso de que no lo haga, recurriendo a todas las instancias judiciales para revertir esa medida y para que los responsables de la misma asuman todas las consecuencias que se deriven de la misma”.
Así, ha anunciado que su departamento, a través de los servicios jurídicos, está estudiando, al igual que Galicia, Asturias y Castilla y León, la posible nulidad de los acuerdos alcanzados en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para aprobar la propuesta de considerar al lobo como especie de especial protección.
Igualmente, está estudiando, ha continuado Blanco, demandar, “si fuera necesario”, al Ministerio ante los tribunales por incluir al lobo en el LESPRE sin seguir el procedimiento establecido para el caso, incluyendo las reclamaciones patrimoniales correspondientes.
También ha informado de la reciente creación del Comité Técnico del Lobo Ibérico en el Noroeste de la Península Ibérica con el fin de que Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León coordinen las medidas de gestión, que en desarrollo de sus respectivos planes y de cara a una futura Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión de esta especie, vayan a llevar a cabo en sus respectivas comunidades autónomas “desde la colaboración, la cooperación y el consenso” y abiertos a la incorporación de otras comunidades.
Asimismo, se ha mostrado “totalmente” dispuesto a colaborar con el Ministerio en la elaboración de esa estrategia, “siempre que renuncie a modificar el estatus legal del lobo sin haber aprobado una estrategia consensuada y aprobada por el órgano que tiene que hacerlo, que no es otro que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente”.
De igual forma, ha avanzado que su departamento ya está trabajando en la hipótesis de que la inclusión del lobo ibérico en el LESPRE tenga efectos inmediatos y pueda “anular” el vigente Plan de Gestión del Lobo en Cantabria y ha indicado que, en ese caso, “se revisará el documento para que las medidas de control poblacional puedan seguir realizándose en Cantabria, junto al pago de los daños en toda la región y el resto de medidas compensatorias y de apoyo a los ganaderos que contempla”.
Blanco ha realizado estas afirmaciones durante su comparecencia parlamentaria, a petición propia, para informar a los grupos parlamentarios del procedimiento impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para incluir al lobo ibérico en el LESPRE, así como la postura del Gobierno de Cantabria al respecto y las medidas que de forma coordinada va a adoptar la Comunidad Autónoma con el resto de autonomías del noroeste de España en caso de que el Gobierno de la Nación siga adelante con su propuesta.
Defensa del sector ganadero
En su intervención, ha reiterado su defensa al sector ganadero ante la amenaza que supondrá la especial protección del lobo y ha precisado que “en Cantabria no queremos que el lobo desaparezca, pero tenemos que buscar un equilibrio entre esta especie y el resto de la fauna, así como una cohabitación del lobo y la ganadería”.
“La decisión del Ministerio es un ataque frontal y empuja al sector primario a su fin en muchas zonas de la región”, ha afirmado el consejero, quien ha garantizado que el Gobierno de Cantabria no les va a dejar solos. “Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias y tomaremos las medidas que tengamos que tomar para que el Ministerio reconsidere su postura”, ha afirmado.
En este sentido, ha avisado al Ministerio que “todavía está a tiempo de recuperar el diálogo que nunca ha tenido este asunto” y ha vuelto a reclamar a la ministra que permita a las comunidades autónomas que albergan a la mayor parte de ejemplares de lobo en España liderar la estrategia nacional para su conservación. “Contamos con la mayor información y el conocimiento necesarios para controlar de manera adecuada la especie y garantizar el equilibrio necesario en su convivencia con el sector ganadero y la actividad humana”, ha recordado.
El titular de Medio Ambiente ha destacado que la postura de Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León se basa en “una información sólida” y que cumple con los criterios que maneja la Directiva Hábitats para considerar que el estado de conservación de una especie es favorable: evolución de la población, área de distribución y disponibilidad de hábitats adecuados.
Así, ha recordado que la dinámica poblacional del lobo ibérico en Cantabria se ha multiplicado en los últimos años, al pasar de 3 grupos familiares en 1988 a los 19 grupos seguros y otros 4 posibles en la actualidad.
Además, ha aumentado su área de distribución de los 2.130 kilómetros cuadrados hace más de 30 años a los 3.500 kilómetros cuantificados en 2020, a lo que hay que unir el incremento de la extensión del hábitat disponible en los últimos años en paralelo al paulatino abandono de las actividades tradicionales en los montes cántabros y el incremento de la superficie forestal.
Un incremento poblacional que, en el caso de Cantabria, “se ha hecho frente”, ha dicho Blanco, con el Plan de Gestión del Lobo, una herramienta de gestión que surgió en 2019 para mantener la población del lobo en la región en un estado de conservación favorable, así como para minimizar la conflictividad generada por los daños que provoca la especie a la ganadería extensiva.
“Nuestro plan de gestión no es un plan de caza del lobo porque, aunque en Cantabria esta especie siempre ha sido cinegética, no permitimos su caza de manera libre sino de manera controlada”, ha precisado el consejero, quien ha recordado que son los agentes del Medio Natural los encargados de realizar la extracción de ejemplares, fijada en un 20% como máximo de la población estimada, y que la caza es una herramienta complementaria durante determinadas cacerías de jabalí. “No hay caza deportiva del lobo ni se comercializan permisos de caza de esa especie”, ha remarcado.
No entiende la postura del Ministerio
El consejero no comparte la postura de la ministra Ribera de que la inclusión del lobo en el LESPRE va a permitir hacer controles poblacionales de la especie con la eficiencia “imprescindible”, sin ser bloqueados de manera permanente por medidas cautelares que, ha aventurado, “no dejarán de exigir las asociaciones ecologistas que apoyan su propuesta cada vez que solicitemos una medida de control poblacional”.
Tampoco entiende que “el Ministerio se haya sacado de la manga una lluvia de dinero en forma de ayudas o incentivos para los ganaderos de las zonas con lobo, recurriendo a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) como si fueran infinitos y nunca se acabasen”.
En su opinión, “el Ministerio va a acometer el gravísimo error de desconocer o despreciar la realidad de la vida en el medio rural y la gestión cotidiana del lobo en aquellos territorios que, como Cantabria, tenemos que asumir el coste económico, pero también social de su gestión, buscando el complejo equilibrio entre la conservación de una especie y la reducción de daños que produce”.
“El ganadero no quieren que le paguen por los animales y por los daños que ha causado el lobo. El ganadero quiere que no le maten sus animales”, ha subrayado Blanco, quien ha recordado que el impacto del lobo en el sector ganadero provocó en Cantabria la muerte de más de 4.100 cabezas de ganado entre 2019 y 2020, y más de un millón de euros en daños directos a los propietarios, datos, ha precisado, “que no deben ponerse en relación con la cabaña ganadera regional, sino con las explotaciones y zonas en las que se producen los daños”.
Finalmente, ha informado a los grupos parlamentarios que el empeño del Gobierno de Cantabria va a seguir siendo el de exigir al Ministerio lo que viene reclamando desde hace meses: una actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lobo Ibérico, vigente desde 2005; la puesta en común de las experiencias de gestión en todas las comunidades autónomas que tengan aprobados planes de gestión; un nuevo censo nacional coordinado, y consenso antes de tomar decisiones entre el Ministerio y las autonomías que tengan una mayor responsabilidad en la gestión de la especie por albergar la mayor parte de sus poblaciones.