El juicio a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego y otros ocho concejales socialistas de su gobierno y que estaba previsto para este martes, 15 de diciembre, en el Juzgado de lo Penal número uno de Santander ha sido suspendido de nuevo, debido a que ese día uno de los letrados personas en la causa tiene otro señalamiento.
La vista se había fijado a las nueve de la mañana por un presunto delito de prevaricación, ya que la que fuera regidora de la villa y ocho integrantes de su equipo están acusados de fraccionamiento de contratos durante su mandato, entre los años 2003 y 2009, en los que aprobaron por unanimidad el pago de una serie de facturas pese a que conocían los reparos de los interventores.
Por este motivo, tanto el fiscal como las acusaciones particulares que ejercen el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila y el Partido Popular consideran que los acusados cometieron un delito de prevaricación administrativa continuada. Fiscalía y el PP piden ocho años de inhabilitación para cada uno de ellos, y Calle Pila nueve.
CINCO CAJAS CON MÁS DE SEIS MIL FOLIOS
La vista oral estaba señalada inicialmente para marzo del año pasado pero al comienzo de la misma, el juez la suspendió al faltar cinco cajas de documentación con más de 6.000 folios aportados en su día por el Ayuntamiento que no había llegado a este órgano juzgador.
Ante esta situación, y porque los abogados no habían tenido acceso a dichos documentos en el momento de redactar en su día los escritos de defensa, el magistrado declaró la nulidad de las actuaciones hasta el momento anterior a los escritos de defensa, y devolvió el procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, al que ordenó la localización de las cajas.
Cumplido este trámite, la causa volvió de nuevo al Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, que señaló la vista oral para abril de este año, y tampoco pudo celebrarse por el estado de alarma por el Covid-19, que provocó la suspensión de toda actividad no esencial en los juzgados.
De esta forma, el juicio fue señalado de nuevo para este 15 de diciembre, aunque se ha suspendido de nuevo porque esa fecha coincide con un señalamiento de otro letrado, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.
ACUSADOS
Junto a Puerto Gallego están también acusados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Estos dos últimos, que fueron concejales del PSOE en la pasada legislatura, presentaron su dimisión cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por presunto delito de prevaricación en la contratación de servicios sin seguir el procedimiento legalmente establecido.
La misma pena de ocho años pide el Partido Popular, que se sumó a la acusación a raíz de la denuncia presentada en el año 2009 por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, y que reclama, por su parte, nueve años de inhabilitación para los nueve imputados.
El juicio se celebrará, por tanto, más de una década después de la denuncia planteada por Calle Pila, que años después provocó la dimisión de Puerto Gallego como diputada nacional del PSOE cuando el caso llegó al Tribunal Supremo por su entonces condición de aforada.