El Partido Popular ha propuesto poner en marcha un plan de incentivos a las empresas para consolidar el empleo y evitar que los trabajadores afectados por ERTEs en Cantabria -5.200 al cierre de noviembre- acaben en el paro.
El plan, dotado con 2,5 millones de euros en ayudas, se recoge en las enmiendas que el grupo parlamentario Popular ha presentado a los presupuestos de Economía y Hacienda y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2021 con las que persigue ayudar a resistir a las familias y las empresas.
“Es necesario que el Gobierno de Cantabria establezca un plan de ayudas a la consolidación de ese empleo, incentivando a las empresas para que mantengan esos puestos de trabajo mientras la situación económica mejora, porque las expectativas en el corto plazo no son nada halagüeñas, por lo que muchas de esas empresas pueden estar planteándose transformar los ERTE actuales en ERE de extinción”, ha dicho la parlamentaria y secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta.
Además, el PP propone incrementar en 300.000 euros la partida para complementar las nóminas de los trabajadores afectados por los expedientes.
Se trata de la propuesta más sensible al mundo del trabajo y también la más cercana a la concertación social, si bien el PP pedía inicialmente 15 millones.
González Revuelta ha explicado que las consignaciones seguirán siendo insuficientes al haber desechado socialistas y regionalistas la propuesta del PP de inyectar 150 euros más en la economía regional recurriendo de manera excepcional al déficit.
Lo mismo ocurre con las ayudas a los sectores más afectados por las restricciones económicas derivadas de la pandemia, para los que el PP pedía inicialmente 25 millones.
A través de las enmiendas, el PP pide poner en marcha un plan de rescate para autónomos y micro-pymes de los sectores económicos condenados al cierre forzoso y las restricciones de actividad derivadas de la pandemia dotado con 5 millones, frente a los cero consignados en el presupuesto del Gobierno de Revilla.
Igualmente, el PP ha presentado una enmienda por 2,8 millones a las cuentas de la consejería de Economía y Hacienda para un plan de activación del consumo, inyectando dinero directamente en la economía mediante cheques descuento familiares a aquellos que consuman en el comercio local, hostelería y servicios prestados por profesionales autónomos y micro-empresas. Porque, según subraya María José González Revuelta, uno de los problemas de este momento es la parálisis del consumo ante la incertidumbre en el futuro.
A ello se suman las medidas propuestas para dotar de mayor liquidez a las empresas a través de préstamos del ICAF y avales Sogarca por un coste para la Administración de 4 millones de euros.
MENOS BUROCRACIA
Para reducir la burocracia, que en exceso penaliza la actividad económica y empresarial, el PP ha propuesto introducir reformas normativas en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2021, como la sustitución, con carácter general, de los silencios negativos o desestimatorios por silencios positivos en los distintos procedimientos administrativos previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración.
Asimismo, piden introducir instrumentos jurídicos en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, como la declaración responsable y la comunicación previa, que permitan la celebración de espectáculos y la reducción de cargas administrativas, ayudando a reactivar un sector duramente golpeado por la pandemia.
Y finalmente, los populares también han introducido, a instancia de la CEOE, modificaciones en la Ley del Suelo de 2001 y en la Ley de Control Ambiental Integrado de 2006 para recortar plazos, centralizar trámites y agilizar las licencias de actividad y construcción.