El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno de España a que se mantenga el estatus legal de las poblaciones de lobo al norte del río Duero y que no se incluya en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo de Especies Amenazadas (LESPRE), ya que eso supondría, según han dicho la mayoría de grupos, el «fin para muchas ganaderías».
Esta PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Regionalista, ha contado con el voto a favor de todos los diputados a excepción del socialista Javier García-Oliva.
Con la proposición se pretende pedir al Ministerio de Transición Ecológica que tenga en cuenta una postura que comparten Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, las cuatro comunidades que aglutinan «más del 98 %» de la población de lobos en España.
En general, todos los portavoces han defendido el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria que entró en vigor en 2019, que ya «protege» a esta especie y «compatibiliza» su existencia «en un número adecuado» con la actividad ganadera; si bien el PSOE -socio de Gobierno del PRC en Cantabria- ha manifestado que no está del todo de acuerdo con algunos aspectos de la PNL, aunque ha votado a favor -todos sus diputados a excepción de García-Oliva- porque apuesta por elaborar una estrategia nacional coordinada con las comunidades y compatible con sus planes de gestión.
Así lo ha dicho la portavoz parlamentaria socialista Noelia Cobo, que ha señalado que aún «no se ha alcanzado el grado de consenso suficiente» entre las administraciones públicas y los sectores implicados y ha indicado que se tienen que recoger las aportaciones de todos los agentes -ganaderos, ecologistas, técnicos, científicos y turismo rural- para tener un «enfoque de actuación común».
Y los regionalistas han «recogido el guante» del diálogo porque, según ha dicho Ana Obregón, que ha defendido la PNL, es su voluntad que se escuche la reivindicación de las cuatro comunidades autónomas y que se elabore una estrategia nacional compatible con las de éstas, mientras que la inclusión del lobo en el Lespre tendría como consecuencia la prohibición de utiliza la caza para la gestión de la especie, como se hace en Cantabria.
La declaración del lobo como especie protegida es una recomendación del Comité Español de Flora y Fauna Silvestres que forman el Ministerio y las comunidades a petición de Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), que el PRC ve un «despropósito» especialmente por los daños que causan estos animales a los ganaderos.
«Es muy bonito ser ecologista de ciudad y proponer desde Madrid que aquí no se mate ningún lobo, pero que nos digan entonces qué hacemos con las vacas de Cantabria. ¿Dónde las llevamos, al Paseo de la Castellana, al Paseo Pereda?», ha ironizado Obregón, que ha opinado que con esta posibilidad se está «a punto de abrir una herida que cerró el consejero -Guillermo Blanco, titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente- con el Plan de Gestión».
Un plan que, ha defendido, «no va en contra del lobo», que está declarado especie cinegética en la región y «eso no ha supuesto ningún problema para su conservación».
EXPANSIÓN «ABRUMADORA»
En concreto, ha destacado el crecimiento del número de ejemplares en los últimos años en Cantabria, pasando de las tres manadas registradas en 1988 a las 19 y con presencia probable de otras cuatro en 2019, lo que supondría la existencia de un mínimo de 171 lobos. También habría crecido en este periodo el territorio que ocupan, pasando de 2.130 kilómetros cuadrados a más de 3.500, según ha precisado Obregón.
En línea con la postura de los regionalistas se ha posicionado toda la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) que ha destacado la expansión «abrumadora» de lobos, ocupando en los últimos años nuevas áreas geográficas.
No obstante, desde el PP Pedro Gómez ha pedido a los socios del Gobierno en Cantabria, PRC y PSOE, que se «pongan de acuerdo y defiendan los intereses de esta tierra», y ha criticado que el Plan de Gestión del Lobo -que cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros- y su dotación para cubrir los daños a los ganaderos «no da solución al problema», porque a veces las indicaciones «llegan tarde y no se gestionan bien».
Desde Cs, Marta García ha lamentado que la inclusión del lobo en el Lespre «acabaría con el 90% de los ganaderos» por una decisión tomada «otra vez en un despacho a cientos de kilómetros» y ha asegurado que son los primeros «los que están en peligro de extinción y no los lobos».
Y el diputado Vox Cristóbal Palacio ha añadido que en este ámbito la «víctima» es el ganadero de alta montaña que sufre la pérdida de animales y ha defendido el Plan de Gestión cántabro. También ha recordado que hace un año se acordó hacer un estudio «realista» de la población de lobos porque no existe un conocimiento exacto y que aún no se ha llevado a cabo, si bien ha reconocido que ha sido un año «complejo».
MATADERO DE BARREDA
También en relación con el sector ganadero el Pleno ha abordado la situación del matadero municipal de Torrelavega, ubicado en Barreda, cuyo cierre ordenó la Inspección de Trabajo el pasado mes de octubre por no cumplir todas las medidas de seguridad pertinentes, pero que ya ha reabierto tras acometerse las actuaciones requeridas para solventarlo.
Los ‘populares’ han preguntado por las actuaciones previstas por el Ejecutivo para mantener abierta esta instalación y han criticado que el informe de Trabajo advirtiendo sobre los «enormes problemas» de seguridad existe desde 2016, así como que el matadero se cerró sin avisar a los ganaderos ni ofrecerles alternativas.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha respondido haciendo referencia a algunas de las actuaciones acometidas y ha destacado que desde el año 2017 el Gobierno regional ha aportado al matadero 400.000 euros y llegará al medio millón en 2021, ya que los Presupuestos Generales de Cantabria contemplan para él otros 100.000 euros.
Así, ha lamentado que se haya tenido que atender la demanda de un matadero en el que «no se ha hecho nada» durante una etapa en la que gobernó el PP con mayoría absoluta (2011-2015) en Cantabria.
También ha puesto de relieve las inversiones en los mataderos de Reinosa, Guarnizo y Liébana, estando los dos primeros en funcionamiento, mientras que el tercero se volverá a sacar a licitación «con las mejores condiciones posibles» tras no haber recibido ninguna oferta.