Izquierda Unida de Cantabria ha informado de la apertura de diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía, tras la denuncia que el partido interpuso en relación a la intervención de Okuda sobre el faro de Ajo.
En la carta remitida por la Fiscalía a IU como denunciante, se señala como denunciados a la Autoridad Portuaria de Santander y al Ayuntamiento de Bareyo, las dos instituciones firmantes del convenio que ha dado pie a las obras.
«Siempre son buenas noticias que se informe y se investigue cualquier cuestión que ponga mínimamente en duda, no sólo los recursos públicos, sino la propia transparencia, buen hacer e imagen que se espera de las instituciones públicas», afirma en un comunicado de prensa el dirigente autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón.
A la vez, agradece «la celeridad con que se ha comenzado esta investigación, sabiendo que hay mucha tarea en la Justicia y que debiera ser reforzada con recursos y personal para abordar muchos más temas del día a día», añade.
Desde IU precisan que, aunque hay dos instituciones que aparecen con partes denunciadas, «son tres sus promotores, dado que el Gobierno de Cantabria, con el presidente Miguel Ángel Revilla, ha sido el principal valedor político y mediático de la intervención», a pesar «de la oposición mayoritaria de la población -dicen- y el rechazo de numerosas voces y colectivos de la cultura, el patrimonio o la arquitectura de la comunidad».
En su denuncia, IU plantea llamar a declarar a todas la personas que participaron en la presentación del proyecto en el Palacete del Embarcadero: el propio artista, Óscar San Miguel Erice ‘Okuda’; el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González; la consejera de Turismo, Marina Lombó; el consejero de Industria, Francisco Martín; la delegada del Gobierno de España, Ainhoa Quiñones; el alcalde de Bareyo, José de la Hoz; y la directora general de Turismo, Eva Bartolomé.
Según IU, la intervención en el faro de Ajo «podría vulnerar la legalidad vigente, entre otras, la relacionada con la protección del patrimonio protegido», y pide que se investigue si se han producido delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, «sin perjuicio de otros que la Fiscalía pudiera considerar».