La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) ha presentado alegaciones al borrador de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) para «mejorar el texto final, desde el punto de vista técnico y operativo, agilizar la tramitación de planes urbanísticos y reactivar el sector» que, por su capacidad para generar empleo y propiciar desarrollo económico y social, es «una pieza clave para superar la profunda crisis» provocada por la pandemia del coronavirus.
Los constructores y promotores cántabros valoran que el anteproyecto de la ‘ley del suelo’, para reformar la actual norma -vigente desde hace dos décadas-, persiga hacer «más eficientes» los procesos de elaboración y aprobación de los instrumentos de planeamiento y los de autorización de actividades y usos, desde la perspectiva de la seguridad jurídica para que la actividad del sector se desarrolle «de la forma más eficaz posible».
En este sentido, los profesionales de la construcción destacan que los pilares que necesitan para «ser productivos para la sociedad y la economía regional son planificación, eficacia y seguridad jurídica».
Teniendo en cuenta esto, la APC ha hecho sugerencias al borrador de la LOTUCA elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno regional sobre la tramitación de planes generales de ordenación urbana (PGOU), la delimitación de suelo urbano o en materia de viviendas de protección oficial, entre otras cuestiones.
De los PGOUs, los constructores y promotores aplauden las «importantes» novedades introducidas en el texto para agilizar los procedimientos e impulsar su aprobación. «La intención es buena, pues articula mecanismos para evitar la soporífera retroacción constante a la información pública inicial, que en algunos casos es letal para el plan», valoran.
Sin embargo, echan en falta algunos plazos y, en consecuencia, proponen que se establezcan para la redacción del PGOU cuando acabe la exposición pública de los documentos estratégicos y para la aprobación inicial tras la recepción de informes sectoriales.
También plantean que se agilice la aprobación definitiva de los planeamientos urbanísticos anulados por omisiones o defectos -formales o documentales, no de fondo- que puedan ser subsanados con posterioridad, como sucede cuando pasan por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
«En el caso de que un tribunal de justicia anule un PGOU por esas deficiencias, que puedan ser subsanadas o corregidas de forma ágil y en los mismos términos y condiciones que los previstos cuando los defectos se aprecien por la CROTU antes de la aprobación definitiva», piden.
Al margen de la tramitación de los PGOUs, los constructores y promotores cántabros también han hecho alegaciones a la nueva ‘ley del suelo’ regional en otros ámbitos, como la delimitación del suelo urbano y áreas de crecimiento o la edificabilidad máxima en suelo urbanizable, que a su juicio debe basarse en la población de un municipio y no el crecimiento previsto.
En el apartado de sistemas generales, proponen en cambio mantener los mismos estándares que en la norma vigente, para «evitar sobrecostes» en la promoción y construcción que hagan «inviable o antieconómico» el desarrollo urbanístico del suelo o contribuyan al incremento del precio de las viviendas.
Finalmente, en materia de cesiones y viviendas de protección oficial, para facilitar el acceso a estas promociones reduciendo el coste de las mismas, la ACP plantea limitar las cesiones del 15% del aprovechamiento medio del sector previsto al 5%, como en los proyectos singulares de interés regional (PSIR), o en su defecto al 10%, «como la mayor parte de las comunidades del entorno de Cantabria, entre ellas Galicia y Asturias», señala la asociación en nota de prensa.