Podemos Cantabria ha vuelto a exigir este miércoles el «cese inmediato» de la consejera de Sanidad, María Luisa Real, tras conocerse que la Fiscalía ve indicios de delito en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), y ha pedido la activación de la comisión de investigación aprobada en el Parlamento en relación a este asunto.
En un comunicado, Podemos ha recordado que ha exigido en varias ocasiones el cese de la titular de Sanidad tras las irregularidades detectadas en el SCS y ha opinado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC) «debe actuar ya y cesar a Real».
La formación morada ha señalado que Revilla aseguró en sede parlamentaria que haría si se demostraban indicios de delito, algo que –dice– «ya ha sucedido».
En cuanto a la comisión de investigación, Podemos ha señalado que «se tienen que investigar en profundidad qué ha estado sucediendo en el SCS desde el año 2012». «Nos encontramos ante un sistema de contratación irregular normalizado del Partido Popular y del PSOE», ha manifestado la secretaria general de Podemos, Rosana Alonso.
EL PARTIDO POPULAR TAMBIÉN PIDE EL CESE
El PP de Cantabria se personará como acusación en el proceso judicial por las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) después de que la Fiscalía haya visto indicios de delito y ha exigido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que cese a la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE).
Así lo ha reclamado, en rueda de prensa, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, tras conocer este mismo miércoles que la Fiscalía de Cantabria ha decidido remitir la investigación que inició sobre las presuntas irregularidades en contratos del SCS a raíz de las denuncias del PP e IU al juzgado de instrucción para que proceda a la apertura de diligencias «tendentes a la averiguación de los hechos y presuntos responsables».
«Tras meses de investigación y la práctica de numerosas diligencias, la Fiscalía podía haber archivado la denuncia pero no lo ha hecho», ha afirmado Sáenz de Buruaga, que considera que la decisión de la Fiscalía es un «nuevo revés» para «la honestidad del Gobierno».
A juicio de Sáenz de Buruaga, cada hecho, cada informe o cada resolución es «una prueba más de que estamos ante una trama de contratación ilegal, conocida, consentida y amparada por la consejera de Sanidad» y también, «a estas alturas» por el Gobierno que lidera Miguel Ángel Revilla.