El pasado martes Sánchez expropió los ahorros de los ayuntamientos y dijo que los devolvería en 10 años. El miércoles publicó en el BOE que lo amplían hasta 15 años.
Ahorros de los vecinos de los diferentes ayuntamientos confiscados por este gobierno, no solo no ayuda a las Entidades Locales, sino que las asfixia.
El PP inicia una ofensiva parlamentaria presentando mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales exigiendo la retirada de la medida que incauta sus ahorros a las Entidades Locales. Exigimos a Sánchez que no robe nuestros ahorros.
En el Senado, el Grupo Popular presentó el pasado día 29 de julio una moción en la Comisión de Entidades Locales por la que se insta al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las Entidades Locales.
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha medidas – adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
MOCIÓN COMPLETA
A LA PRESIDENCIA DEL SENADO
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, al amparo de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento del Senado, presenta la siguiente Moción en la Comisión de Entidades Locales por la que se insta al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las Entidades Locales.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales pusieron en marcha medidas – adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en poner en marcha medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.
El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el gobierno de España que no ha destinado un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo.
La única medida que ha tomado el gobierno central es permitir que las EE.LL. puedan gastar una pequeña parte del superávit generado en 2.019 para atender gastos urgentes derivados de la puesta en marcha de medidas sanitarias, sociales y económicas así como para financiar gastos de inversión en vehículos eléctricos o con etiqueta medioambiental CEO o ECO.
Una medida que es una medida trampa e insuficiente. Trampa porque no supone una financiación adicional sino que las entidades locales hacen uso de sus “ahorros”, porque no se no ha suprimido la obligatoriedad de cumplir todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)- y por tanto impide a muchas entidades locales hacer uso del superávit o les obliga a amortizar deuda, detrayendo recursos en la lucha contra la pandemia y los efectos de la misma- y porque además el gobierno establece en que pueden gastar o no su dinero, el dinero de todos los vecinos, las entidades locales.
E insuficiente porque el porcentaje aprobado es ridículo para atender no sólo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que las entidades locales han puesto en marcha, y deberán seguir poniendo en marcha en próximos meses, para garantizar la salud y el bienestar de sus vecinos.
Ante esta situación, las entidades locales -de todo signo político- a través de los órganos de la FEMP y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados y en el Senado han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como:
- Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que todas las EE.LL. puedan disponer del 100% de los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado, de forma que su utilización para los fines descritos no compute en el ejercicio 2.020 para el cálculo de la Regla de Gasto y la Estabilidad Presupuestaria.
- Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.
- Prorrogar los plazos para que las entidades locales puedan ejecutar las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2.018 o 2.019, dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del Estado de alarma ha provocado que muchas de ellas no finalicen en 2.020.
- Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales y de fondos específicos para compensar el déficit en los servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las EE.LL. en la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Ninguna de estas peticiones han tenido respuesta por parte del gobierno de España. Un gobierno que en el mes de marzo, según pudimos conocer por la prensa, estaba estudiando “confiscar” el superávit generado en 2.019 por las EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias y que, ahora, pretende apropiarse de los ahorros municipales mediante un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país.
El gobierno pretende que los Ayuntamientos y Diputaciones de España, le prestemos “la totalidad” de los ahorros acumulados durante los últimos 8 años y, a cambio solamente se nos permitirá gastar, durante los próximos dos años, una tercera parte de un dinero que es de nuestros vecinos y exclusivamente en aquellas actuaciones que previamente ha definido el gobierno.
El resto del dinero prestado será devuelto por el gobierno a lo largo de los próximos 10 años, aunque la propuesta excluye el calendario de pagos, lo que supone que las EE.LL. no podrán utilizar la totalidad de sus ahorros durante la próxima década y por lo tanto, supone la asfixia financiera de los mismos.
Además, en la propuesta que hemos conocido se incluyen varias de las medidas solicitadas por las EE.LL. en estos meses que sólo se pondrán en marcha si previamente se acepta prestar la totalidad de los ahorros del municipio o provincia al gobierno.
En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales, así como varios preceptos de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Por todo cuanto antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la aprobación de la Comisión de Entidades Locales la siguiente:
MOCIÓN:- La Comisión de Entidades Locales insta al Gobierno a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.
- Atender las demandas de las Entidades Locales, especialmente la referida a la flexibilización de la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para que puedan disponer del 100% sus remanentes de Tesorería para lucha contra los negativos efectos del COVID-19.
- Que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales valide dichas modificaciones en el Congreso de los Diputados o ante los órganos de gobierno de la FEMP, legítimos representantes de las Entidades Locales y de los españoles.
Asimismo, el Senado manifiesta su compromiso con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales y su profundo rechazo a cualquier medida tendente a apropiarse los ahorros de los vecinos, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las Entidades Locales al Estado a devolver a largo plazo.
Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Palacio del Senado, 29 de julio de 2.020.
Javier MAROTO ARANZÁBAL PORTAVOZ
Autor: Javier Puente, Senador del Partido Popular por Cantabria.