La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha acusado a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, de “eludir” sus responsabilidades e “impedir” que los santanderinos disfruten de sus playas con unas “condiciones óptimas” de arena.
Para la edil es “insultante” que la máxima autoridad del Ejecutivo central en Cantabria “justifique una multa de Costas por carecer de permiso cuando se ha solicitado en reiteradas ocasiones y no se ha respondido a dicho requerimiento”.
“Ni lo hacen -incumpliendo su obligación-, ni autorizan al Ayuntamiento –dando la espalda a los santanderinos- y encima sancionan, penalizando al Consistorio por preocuparse por garantizar la seguridad de las playas”, subraya.
Rojo ruega a Quiñones que no simplifique los hechos con una mera confrontación del Ayuntamiento contra el Gobierno: “Los santanderinos están indignados por el estado de las playas y si ella no lo sabe es que ni habla con ellos ni se acerca a los arenales”, sentencia.
“Nos ignoran, nos mienten y encima ahora pretenden echarnos la culpa de redistribuir sin permiso una pequeña cantidad de arena para garantizar la seguridad de los ciudadanos -220 metros cúbicos- tapando unas rocas”, indica la concejala apuntando que la situación “es tan tremendamente surrealista que daría para una comedia si no fuese porque están atentando contra los derechos de los santanderinos, que pagan sus impuestos igual que el resto de españoles”.
La Demarcación de Costas en Cantabria ha multado al Ayuntamiento de Santander por dicha redistribución de la arena, en la segunda playa de El Sardinero, realizada por el Consistorio para garantizar la seguridad de los usuarios ante la “preocupante” situación del arenal en esa zona y tras la falta de respuesta de la institución ante las reiteradas solicitudes de autorización.
La concejala insiste en que el trato “indignante, vergonzoso y lamentable” que están recibiendo los santanderinos por parte de Costas y del Ministerio de Transición Ecológica “supera todos los límites de desprecio y dejadez.
Además, recuerda a Quiñones que su compañero de partido y también ex concejal de Santander “como ella aunque resulte sorprendente para muchos”, Pedro Casares, aseguró públicamente el pasado día 8 que el Gobierno de España “no se niega” a los movimientos de arena.
Como se recordará, el líder socialista afirmó que el Ayuntamiento podía efectuar “mañana mismo si quiere” movimientos menores en los arenales dirigidos a resolver problemas en los accesos de las playas o para evitar problemas de seguridad en ellos.
“Mienten a los santanderinos sin ningún tipo de pudor, pero los ciudadanos conocen perfectamente en qué estado están las playas, saben que el PSOE habla mucho y hace poco y son conscientes del nulo interés del Gobierno por los arenales de la ciudad”, ha recalcado la concejala.
Margarita Rojo ha reiterado las numerosas comunicaciones con Costas para intentar una respuesta o autorización para realizar pequeños trabajos de mantenimiento, unas labores con medios mecánicos y humanos que paga el Ayuntamiento, “además de la multa”, ha apostillado.
“No podemos consentir este flagrante abandono hacia nuestros ciudadanos, a los que desde el Consistorio vamos a seguir defendiendo y atendiendo como se merecen y, por supuesto, poniendo en primer lugar su seguridad, como hemos hecho adaptando los arenales a las medidas de seguridad debido a la covid-19 y tratando de minimizar los riesgos que puedan existir en las playas por las rocas que asoman ante la falta de arena”, ha añadido la concejala.
En este sentido, ha contrapuesto la “responsabilidad y el compromiso” del Ayuntamiento, “que se ha encargado en un tiempo récord de contratar los medios humanos y tecnológicos para controlar los aforos en las playas e informar a los ciudadanos en tiempo real de la ocupación de las mismas” con la “desidia” del Gobierno “conociendo además que como consecuencia de la falta de arena se reduce el espacio disponible en los arenales”.
Rojo comenta que a ello se suma, la “peligrosidad de algunos accesos” como el de la Segunda del Sardinero – entre el Restaurante El Parque y el Hotel Chiqui – cuya rampa se encuentra “totalmente inaccesible y acordonada”, además del gran número de rocas repartidas por distintas zonas o la imposibilidad de habilitar la pasarela de madera que permite el tránsito a pie o en bicicleta desde Los Peligros hasta La Magdalena, por ausencia de arena en esos tramos.
“Costas, y, por ende, la Delegación del Gobierno, desprecian a los santanderinos con esta actitud de dejadez absoluta, y además penalizan al Ayuntamiento obligándole a afrontar gastos que no le corresponden e imponiéndoles multas cuando intentamos redistribuir un poco de arena para evitar riesgos a los ciudadanos”, ha concluido.
Imagen: Margarita Rojo y Gema Igual.