| COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DEL TAXI |
La Federación Cántabra del Taxi denuncia que la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria pretende agrupar a los alumnos de varias rutas escolares para adjudicárselas a las empresas de autobuses cuyos recorridos se han suprimido por el descenso de alumnos.
De esta manera, rutas que se prestaban en taxi serán realizadas por autobuses a unos precios muy superiores a los actuales, lo que lleva a levantar sospechas sobre cuáles son los verdaderos motivos de este cambio de criterio.
La Federación Cántabra del Taxi no cejará en su empeño de defender al taxi regional ante el constante menosprecio del Gobierno de Cantabria, e impugnará este y todos aquellos concursos públicos en que considere que se discrimina a los profesionales del sector.
No es la primera vez que el Gobierno de Cantabria da la espalda al taxi rural, a quien deja herido de muerte al arrebatarle su, prácticamente, única fuente de ingresos.
En el año 2018, Francisco Mañanes, en aquel entonces Consejero de Educación, prometió tener en cuenta al sector en los contratos de transporte escolar, dividiendo este en 2 lotes distintos en función del número de alumnos a trasladar.
Durante la campaña electoral de 2019, el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, se comprometió con el sector a llevarlo a cabo. Nada más lejos de la realidad.
En ambos casos, se ha demostrado que solo se trataba de embustes y artimañas.
Mentiras como las repugnantes patrañas que tuvo que aducir la Consejería de Educación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para justificar por qué motivo permite que empresas de autobuses se presenten a rutas en las que tan solo existen 2 alumnos a trasladar o por qué establece requisitos innecesarios que solo buscan favorecer a los autobuses en detrimento del taxi.
Una Consejería de Educación cuya incompetencia ha provocado que no se hayan resuelto los concursos de este tipo de transporte de los cursos escolares 2018-2019 y 2019-2020, lo que evidencia el oscurantismo que gira en torno a estos contratos, y que ha permitido a funcionarios bajo sospecha asignarlas a dedo.
El Gobierno Regional lleva excluyendo y discriminando al sector durante las 2 últimas legislaturas a todos los niveles y desde las distintas Consejerías, mintiendo y engañando a un colectivo harto de promesas que no valen nada.
Ya en Octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cantabria una proposición no de Ley para estudiar “las necesarias modificaciones legales para introducir cambios en las órdenes de convocatorias de los concursos de transporte escolar y transporte complementario sanitario, con el objeto de facilitar el acceso en efectivas condiciones de igualdad a todos los colectivos del sector del transporte”, así como “la posibilidad de implantar el servicio de taxi a demanda en las zonas rurales de menor población de Cantabria, generando de este modo un servicio público eficiente y cercano al usuario que sirva para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos”.
La implantación del taxi a demanda fue otro engaño que nació muerto desde el inicio, sin que se haya puesto en marcha en ningún municipio debido a su mal planteamiento y al desinterés político.
En el mes de Julio del pasado año 2019, la Junta Directiva de la Federación Cántabra del Taxi se reunió con el Presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, y el Consejero de Transportes, Francisco Martín, para que se redactara una Ley que regulara la actividad de los vehículos de arrendamiento con conductor (clase VTC), insistiendo en la agilidad en su tramitación.
Posteriormente, la Ley se convirtió en un borrador de Decreto que a día de hoy estará en el cajón de algún despacho y que, visto que ha transcurrido casi la mitad de la moratoria de 4 años establecida en el Real Decreto-ley por el que se modificó la LOTT en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, casi es mejor que siga a buen recaudo, puesto que para cuando se quiera aprobar lo único que hará será beneficiar a las VTC.
Por último, y como más reciente muestra de desprecio, el Gobierno de Cantabria ha dejado a los profesionales autónomos del sector del taxi de Cantabria fuera de las líneas de ayudas regionales para paliar la crisis provocada por el COVID-19 (cheques de resistencia y autónomos).
La condición indispensable para poder acceder a ellas es no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad contemplada en Real Decreto-ley de Medidas Urgentes Extraordinarias promulgado por el Gobierno central para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Una prestación extraordinaria que aún está pendiente de justificar, ya que la vía para hacerlo es demostrar una reducción en la facturación superior al 75%.
Por todos es sabido que el transporte por auto-taxi tributa en el régimen de estimación objetiva, por lo que acreditar el descenso sufrido (muy superior al 75%) resulta harto difícil para el sector.
Nuevamente, nuestro Gobierno regional se vuelve a olvidar de los profesionales del sector del taxi, 500 trabajadores autónomos que, además, dan empleo a más de 200 conductores asalariados.
Trabajadores autónomos que han visto cómo su actividad se ha reducido a cifras nunca vistas ni pensadas pero que, por contra, se han visto obligados a continuar trabajando al ser considerados un servicio esencial y de interés general.
Este es el desprecio constante que dispensa el Gobierno de Cantabria a una parte importante de sus trabajadores autónomos, plasmado en el total abandono en el que deja al sector del taxi de Cantabria con su exclusión del cobro de una mísera ayuda económica de 286 euros.
Muchas veces duele más el desaire que la traición y el taxi de Cantabria sabe muy bien de ambas porque las sufre en sus carnes por parte de su propio Gobierno regional.