La diputada Isabel Urrutia subraya su papel en la cohesión territorial con oficinas próximas a municipios pequeños. Pide que se fomenten los servicios electrónicos.
El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Parlamento de Cantabria con el objeto de evitar el cierre y preservar el carácter público y gratuito de las oficinas del Registro Civil.
La iniciativa, que se debatirá mañana, miércoles 24 de junio, en la comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, insta al Gobierno de Cantabria a dirigirse al Gobierno de la Nación para que realice y apruebe las modificaciones que sean necesarias para garantizar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos; y que se aproveche la experiencia y respeten los derechos de los empleados públicos que actualmente están a cargo y gestionan el Registro Civil.
La diputada regional Isabel Urrutia ha explicado que se trata de evitar que la entrada en vigor de una reforma de la Ley de Registro Civil aprobada en 2011 suponga el cierre de la inmensa mayoría de las sedes del Registro que existen en la actualidad, algo que perjudicaría de manera muy especial a los municipios pequeños y rurales. Para ello dice que es necesaria la modificación parcial de algunos aspectos de la Ley antes de su efectiva entrada en vigor en el año 2021, ya que hay que adaptar la norma legal a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española.
Entre estos cambios ha apuntado la necesidad de equilibrar la protección del derecho fundamental de los individuos a la intimidad con el carácter público del Registro Civil; la implantación de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente que permita compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso; o la configuración de un Registro Civil de carácter electrónico, en el que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.
Urrutia ha señalado que la complejidad de la Ley y el cambio radical respecto al modelo anterior han dificultado su implantación y han conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, a lo largo de los últimos años, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación. Y ha criticado la desidia del Gobierno de España al respecto, que no ha avanzado en la aprobación del marco jurídico necesario para su completa implementación.
Urrutia ha subrayado el papel del Registro en la cohesión territorial, que da servicio a todos los ciudadanos, con oficinas próximas a municipios pequeños, y ha destacado que cumple funciones esenciales para garantizar la seguridad jurídica de las personas.