El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha valorado como «un gesto de hostilidad hacia Cantabria» el recurso de casación formalizado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma a percibir los 22 millones de euros correspondientes a la financiación de Valdecilla impagados por el Gobierno central en 2016.
Tras 14 semanas de peticiones reiteradas, en todas las Conferencias de Presidentes celebradas desde la declaración del estado de alarma, para que desistiera de esa acción y procediera al pago, Revilla considera «una afrenta innecesaria» el recurso notificado esta mañana al Ejecutivo cántabro, el cual llega además «en un momento de extraordinaria dificultad económica».
El presidente ha subrayado que, aún en el caso de que no sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo, la mera presentación del recurso de casación conlleva un retraso de al menos 6 meses, que puede prolongarse «hasta un año y medio» si es admitido, en un pago que acumula ya cuatro años de demora y cuando además «la reclamación de Cantabria está reconocida y avalada por la Audiencia Nacional».
«No hay derecho», ha lamentado Revilla, para quien el Gobierno de España «está cometiendo una nueva injusticia» contra un territorio que «ya ha sufrido demasiadas y que no merece este maltrato». «Hoy más que nunca, el Estado parece muy lejos de los intereses y de las necesidades de los cántabros».
Asimismo, ha señalado que esta situación a la «aportación raquítica» que Cantabria recibirá del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros habilitado para hacer frente a la crisis del coronavirus, con una cuantía que apenas llega a los 180 millones de euros, cuando los gastos y pérdidas de ingresos que la pandemia ha provocado en la Comunidad Autónoma alcanza los 540 millones.
También ha recordado el impago de una mensualidad del IVA de 2017, que ha privado a la región de otros 45 millones de euros y obligado al Ejecutivo cántabro a iniciar acciones legales para «reclamar lo que en justicia es suyo y le corresponde».
Una vez notificado en la jornada de hoy el recurso, el Gobierno de Cantabria tiene un plazo de 30 días para oponerse a su admisión a trámite y personarse ante el Tribunal Supremo, acción que los servicios jurídicos realizarán con carácter inmediato.