La Consejería de Presidencia y Justicia incrementará un 50 por ciento el presupuesto destinado a formación de policía local, que alcanzará los 90.000 euros en 2019 y permitirá la realización de los cursos obligatorios y la finalización de los procesos selectivos que supongan un avance en la carrera profesional y, con ello, el reconocimiento de titulaciones oficiales.
De esta forma, el incremento económico en esta materia es del 125 por ciento desde el inicio de la legislatura, cuando se situaba en los 40.000 euros en 2015, lo que ha permitido avanzar en la definición de un Curso Básico más homogéneo cada año.
La formación, que se realiza a través de la Escuela de Policía Local integrada en el Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC). Esta formación implica, por un lado, el Curso Básico de Policía Local de 350 horas, que deben realizar los efectivos que aprueban un proceso selectivo para ser nombrados funcionarios. Por otro, las acciones de formación para reciclaje y carrera profesional, que puntúa en los supuestos de promoción y movilidad.
Desde 2015 se han convocado los dos cursos que eran necesarios para garantizar el nombramiento de las personas que debían iniciar su carrera profesional como funcionarios y que llevaban cinco años sin poder ser nombrados dado que en la legislatura 2011-2015, gobernada por el Partido Popular, no se había convocado ninguna edición del curso.
La formación para la carrera profesional ha tenido una clara evolución positiva y así lo reconocen los policías en las evaluaciones de la formación impartida, cuya puntuación alcanza el notable alto.
Desde septiembre de 2015 hasta la actualidad se han realizado 65 acciones formativas con 1.941 plazas de materias específicas de policía local.
Además, desde 2015 los policías locales participan en los cursos que el CEARC convoca para los empleados público municipales.
Coordinación
En el ámbito de la coordinación de las policías locales, que también compete a la Dirección General de Justicia, el objetivo de la Consejería de Presidencia para 2019 es concluir y aprobar la reforma de las Normas-marco, pendientes de los preceptivos informes jurídicos y en las que ya se ha venido trabajando durante 2017 y 2018 con la máxima participación pública e institucional.
En 2016 se aprobó el Decreto 46/2016, de 11 de agosto, por el que se establece el baremo de méritos aplicable a los concursos para la provisión de puestos de trabajo por movilidad y a la fase de concurso en los procesos de promoción interna que se articulen dentro de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria. Dicho Decreto ha permitido que posteriormente los procesos de promoción interna y de movilidad se realicen bajo las mismas reglas en los diferentes municipios de Cantabria que cuenten con Policía Local
De igual forma, en 2017 se modificó la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Cantabria, concluyendo la regulación de los requisitos de acceso, eliminado la exigencia del BTP (licencia vehículos pesados eliminada en la UE) y sobre todo reduciendo la altura de ingreso de las mujeres, pasando de 1,65 a 1,60 (en 2014 se había bajado la de los hombres, pero no la de las mujeres). Se equiparó así a la exigencia de Cuerpos similares como Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpos de Policías Autonómicas y la mayoría de las Locales.
La norma regula los aspectos más generales que deben regir el régimen de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, sobre todo en régimen de estructura, procesos selectivos, pase a segunda actividad, jubilaciones, régimen disciplinario y condecoraciones y honores. Además, sienta las bases para homogenizar normativamente los temarios de los procesos selectivos, concursos y pruebas físicas, así como la uniformidad, material y medallas.
Por otro lado, en esta legislatura se han incrementado las labores de coordinación con los Ayuntamientos, retomando la gestión del registro de policías locales de Cantabria e informando las consultas remitidas por los Ayuntamiento, auxiliándoles en la gestión de los Cuerpos de Policía Local. De igual forma, se ha hecho participe a los Ayuntamientos de la definición de los cursos de formación de la Escuela Autonómica de Policía Local y requerido a los mismos la información sobre sus procesos selectivos para coordinar la planificación de los cursos que forman parte de dichos procesos.