El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, han alcanzado un acuerdo para recuperar la campaña de universalización de la educación vial en los centros penitenciarios a partir del primer trimestre de 2019.
La primera, que se desarrolló entre los años 2009 y 2014 y que contó con la colaboración de la DGT, la Fiscalía de Seguridad Vial, asociaciones de víctimas y otras entidades, permitió que más de 11.000 internos recibieran formación para interiorizar valores cívicos en el uso de las vías públicas y sensibilizarles del peligro del consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas al volante.
La iniciativa permitió también que más de 1.000 condenados aprobaran el examen teórico del carnet de conducir y que casi 500 pudiesen obtener la licencia. Además se intervino sobre medio millar de condenados por delitos de tráfico.
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO EN SEGURIDAD VIAL
En 2017, Instituciones Penitenciarias tuvo que gestionar más de 37.000 mandamientos por delitos contra la seguridad vial. En los tres primeros trimestres de 2018, ha gestionado unos 28.000.
La mayoría de esos mandamientos judiciales derivaron en penas de trabajos en beneficios a la comunidad. Pero también en los programas de tratamiento TASEVAL y PROSEVAL. El primero es un taller educativo de seguridad vial de ocho semanas de duración y constituye además la primera fase del segundo, el Programa de Intervención Psicoeducativa en Seguridad Vial, con contenidos terapéuticos específicos y ocho meses de duración.
De los más de 28.000 mandamientos recibidos este año, más de 3.600 penados han sido derivados al TASEVAL y 677, incluidos en el PROSEVAL.