El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado hoy su “rotundo rechazo” al “pacto secreto” firmado por el PSOE y Unidas Podemos con Bildu, porque “no sólo dinamita los acuerdos alcanzados por empresarios y sindicatos, sino que además atenta contra la igualdad entre los ayuntamientos” al otorgar “ventajas económicas claras” al País Vasco y Navarra, al liberar sus gastos del cómputo de la regla de gasto.
“Me parece inasumible la actuación de este Gobierno desnortado, que recurre a pactos secretos impresentables y que atentan contra principios básicos del Estado”. Así de rotundo se ha manifestado el líder regionalista al valorar el documento conocido tras la votación del Congreso de los Diputados, que ayer autorizó una prórroga por 15 días del estado de alarma.
En este sentido ha recordado que el PRC votó a favor de dicha prórroga “por responsabilidad y sentido de Estado”, pese a “no compartir” las “imposiciones unilaterales” del Gobierno a las comunidades autónomas, por lo que se ha declarado “profundamente desconcertado” ante los términos del acuerdo cerrado con Bildu, cuya abstención “ni siquiera era necesaria”, para derogar en su integridad la reforma laboral aprobada en 2012 e incrementar la capacidad de gasto “exclusivamente para los municipios vascos y navarros”.
“Es gravísimo que en un momento como éste, cuando la prioridad de todo el país es afrontar la crisis sin precedentes provocada por la pandemia de coronavirus y que afecta a todos por igual, los partidos que sustentan el Gobierno cierren alianzas que ponen en cuestión la igualdad de todos los españoles”, ha recalcado Revilla.
A pesar de su posición “crítica desde el principio” con la reforma laboral de 2012, ha opinado que su derogación en este momento supone “un ataque frontal” al empresariado “en un momento crítico para el futuro de las empresas y de miles de puestos de trabajo en todo el país”. “No es el momento y no creo que nos lo podamos permitir”, ha apostillado.
Del mismo modo ha cuestionado el levantamiento de la regla de gasto para las entidades locales de País Vasco y Navarra, conocida el mismo día que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, interpelaba en el Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y confirmaba su “nula disposición” a autorizar a los ayuntamientos a invertir los remanentes de tesorería que actualmente mantienen inactivos en cuentas bancarias y que sólo en Cantabria rondan los 450 millones de euros.
“No hay derecho al agravio que supone esa discriminación entre los ciudadanos de unos y otros territorios, por lo que espero que el Gobierno reflexione, que se imponga el sentido común y que deje sin efecto un acuerdo que jamás debió aceptar”, ha concluido.