En Cantabria sólo se reincorporarán a las aulas este final de curso los alumnos de segundo de Bachillerato, quienes opten a un título de Formación Profesional -los segundos cursos de los grados medio y superior- y los alumnos de Enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores. Una vuelta «excepcional», que se producirá a partir del 8 de junio, será voluntaria para los estudiantes y no podrá suponer la presencia de más de quince por aula «en ningún momento».
En atención al alumnado especialmente vulnerable, se permitirá además que los docentes establezcan reuniones presenciales con aquellos estudiantes que estén teniendo «más dificultades» durante este periodo de suspensión de docencia presencial, y se dará libertad a los claustros para que, si lo consideran necesario, realicen en los centros educativos Juntas de Evaluación y reuniones para la planificación del curso 2020-2021. Estas son las «únicas excepciones» que contempla la Consejería de Educación de aquí al final de curso, que «trabaja ya en preparar el mes de septiembre».
Así se lo ha expresado la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, a la ministra Isabel Celaá en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada por vía telemática.
«Estudiadas en profundidad las implicaciones del regreso a las aulas en los términos previstos por el Gobierno de España, analizados todos los informes solicitados y consultado el conjunto de la comunidad educativa en Cantabria concluimos que no es ni viable, ni segura, ni pedagógicamente necesaria», ha argumentado Lombó.
El ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad’ del Ministerio de Sanidad establecía la vuelta a las aulas a partir de la Fase II de la Desescalada ¿si cumplen los parámetros establecidos, las Comunidades Autónomas entrarán en ella el 25 de mayo- para alumnos de Infantil con ambos progenitores trabajando y sin posibilidad de flexibilización y los cursos de final de etapa, y abría la posibilidad de la vuelta en Educación Especial.
«Argumentos fundamentados»
Planteado ese escenario, ha explicado Lombó, la Consejería comenzó trabajar para ver si era «segura desde el punto de vista sanitario y necesaria desde el pedagógico» una vuelta en esas condiciones y, si se consideraba que no, como ha sido el caso, tener argumentos «fundamentados» para «apartarse de la hoja de ruta» del Gobierno de España.
Según ha explicado, se ha realizado un sondeo a las familias y se ha escuchado o recibido informes de los siguientes interlocutores: Consejo Escolar; el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes; los comités de directores de Infantil y Primaria, Secundaria y Educación Concertada; Asesores de Infantil de los Centros de Profesores; centros de Educación Especial (CEE Parayas, Pintor Martín Sáenz, Fernando Arce y Lupasco, entre otros); diferentes claustros de centros de Cantabria; la Junta de Personal Docente; la Mesa de Familias, en la que están integradas la FAPA y la CONCAPA, y el Comité Técnico creado por la Consejería para la adecuación de los centros educativos.
Además, se han tenido en cuenta también las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Española de Pediatría sobre la vuelta a las aulas, así como los primeros datos del estudio de prevalencia.
«Analizada en detalle» toda esa información, explica la consejera, se ha decidido que solo los alumnos más mayores regresen a las aulas, en grupos que no superen los 15 estudiantes. Esta «excepción», según ha explicado, se permite para que los centros puedan realizar los habituales refuerzos de cara a la EBAU, que comenzarán previsiblemente hacia el 15 junio una vez finalizada la convocatoria ordinaria, y también para que los alumnos de Formación Profesional puedan resolver dudas y exponer los trabajos presencialmente que han sustituido a la Formación en el Centro de Trabajo (FCT), si así lo deciden sus docentes.
En cuanto a las Enseñanzas de Régimen Especial (enseñanzas artísticas, deportivas, música y danza), se permitirá la incorporación voluntaria a las clases presenciales al alumnado que va a presentarse a pruebas de acceso a estudios superiores.
Además, y con el objetivo de atender al alumnado más vulnerable, se permitirá que los docentes establezcan mediante cita previa reuniones con aquellos estudiantes que estén teniendo especiales dificultades en el seguimiento de la docencia no presencial. Como última excepción, se permitirá a los claustros que así lo deseen celebrar sus sesiones de evaluación de forma presencial en los centros, así como reuniones para planificar el próximo curso, 2020-2021.
Así, en definitiva, Cantabria ha defendido una vuelta a las aulas «excepcional, sólo para estos casos» y que se producirá, además, más tarde que lo previsto por el Gobierno de España.
Infantil y Educación Especial
En relación a la vuelta de los alumnos de 0 a 6 y los alumnos de centros de Educación Especial, Lombó ha reconocido que «nunca estuvo en los planes de la Consejería» y defiende que esa vuelta es «sencillamente imposible en estos momentos». «Vemos imposible que estos alumnos mantengan, entre otras medidas, la distancia de seguridad y, además, todavía no está claro ni cómo afecta a los niños esta enfermedad ni qué papel juegan en su transmisión», ha dicho Lombó.
Por otra parte, ha revelado que el sondeo realizado a las familias para si finalmente se abrían las aulas, poder trabajar en las medidas de protección necesarias ha demostrado que muy pocos alumnos regresarían.
En concreto, según los datos recibidos hasta las 18:00 horas de ayer relativos a los centros en los que se imparte Educación Infantil, sólo mostraron su disposición a la vuelta un 5,82 por ciento de familias.
Los porcentajes son mayores en otras etapas. El mayor de ellos se ha registrado en Bachillerato, donde un 32 por ciento de los estudiantes de los centros que han trasladado ya los datos a la Consejería, ha mostrado su disposición de volver a las aulas. En la ESO el porcentaje no llega al 12%.
«Trabajar ya en septiembre»
Por otra parte, la consejera ha destacado la importancia de «trabajar desde ya en septiembre». En este punto, ha afirmado que la labor que requerirá la adaptación de los centros a las medidas higiénico-sanitarias «será muy importante» y es necesario emprender esa labor «cuanto antes». Como ha recordado, se está a la espera de recibir el protocolo específico para el ámbito educativo que realizan conjuntamente los ministerios de Educación y Sanidad. Un texto que la ministra ha anunciado hoy que se remitirá de forma inminente a las Comunidades Autónomas.
En este sentido, considera que la labor que están realizando los docentes durante este periodo de suspensión de las clases presenciales es «magnífico y muestra su compromiso con la formación de su alumnado», pero, ha reconocido, «todos sabemos que no sustituye la docencia presencial».
Por eso, ha insistido, «todos los esfuerzos han de centrarse en establecer las condiciones que permitan una recuperación segura de la docencia presencial a partir del próximo curso».
Otra de las urgencias, ha apuntado, es la prueba de acceso a la universidad (EBAU), que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio en convocatoria ordinaria. Según ha detallado, la Comisión Mixta de la EBAU, que integran la Consejería y la Universidad de Cantabria, trabaja desde hace semanas en un diseño que permita la realización de los exámenes en condiciones de seguridad para el alumnado. Sobre la EBAU, el Ministerio ha anunciado también el envío a las Comunidades de un protocolo específico para la celebración de las pruebas.
Por último, Lombó ha agradecido a toda la comunidad educativa su colaboración y apoyo en un momento «excepcional y muy complicado».