El taxi es un servicio público de interés general en el ámbito del transporte terrestre de viajeros que, en Cantabria está integrado por más de 500 trabajadores autónomos que emplean a uno o dos conductores asalariados.
Prueba de que se trata de un sector estratégico es que su actividad no ha sido suspendida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma en España.
Sin embargo, este Real decreto, en su artículo 14.2 estableció la obligación de reducir la oferta total de operaciones en, al menos, un 50%.
Asimismo, la Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo, en su artículo 3.4 establece que “los desplazamientos llevados a cabo en transporte público de viajeros en vehículo de turismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, deberán hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada”.
Como consecuencia de ambas restricciones, el sector ha sufrido un descenso en la facturación superior al 80%.
Sin estas ayudas, muchos profesionales tomarán la decisión de cesar totalmente en la actividad ya que los ingresos no compensan la exposición a contagios, cuya probabilidad es muy alta debido a las reducidas dimensiones del habitáculo del vehículo y la falta de equipos de protección individual.
Pese a ello, el servicio público de taxi es, en esta crisis, el medio de transporte más seguro. Los traslados se hacen de manera individualizada y los vehículos se desinfectan tras la prestación de cada uno de ellos.
El servicio público de taxi y las radio emisoras de atención telefónica continúan estando disponibles las 24 horas del día, atendiendo traslados urgentes y colaborando altruistamente en el transporte del personal sanitario en la atención domiciliaria.
Por el contrario, SODERCAN deja a este colectivo fuera de las ayudas regionales para paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, decisión incomprensible que no viene más que a confirmar la importancia de este colectivo para el Gobierno de Cantabria.