El Ayuntamiento de Cádiz va a cursar las correspondientes facturas para cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de la Iglesia que no estén destinadas al culto ni a la enseñanza. Esta decisión está directamente relacionada con el tema de la crisis del coronavirus. En este sentido, el equipo de Gobierno afirma que esta propiedad se de la Iglesia, es decir, los pisos, garajes y locales no están directamente relacionados con la práctica religiosa “y es una forma de implicarla en este esfuerzo descomunal que está haciendo la sociedad gaditana y, sobre todo, con los más vulnerables, que serán los grandes damnificados de esta crisis”.
El Gobierno de Adelante Cádiz tiene muy claro que la ciudadanía y las pymes “están sufriendo y van a sufrir la peor parte” una vez que se supere esta crisis sanitaria. Así, recuerda que las administraciones estatal, regional y local “están haciendo un importante esfuerzo para paliar o minimizar las consecuencias económicas presentes y futuras, por lo que entendemos que todos los sectores de la sociedad deben arrimar el hombro”.
Desde el Ayuntamiento aún no se ha hecho el cálculo de lo que supondría para las arcas municipales el cobro del IBI en todas estas propiedades de la Iglesia gaditana.
El Gobierno local reitera que se está haciendo “un sobre esfuerzo” en forma de actuaciones extraordinarias y medidas económicas de apoyo a la ciudadanía y las pymes “y, sobre todo, en el caso del Ayuntamiento, los colectivos más vulnerables que serán los grandes damnificados de la crisis”.
Esas medidas, a su juicio, generan un gasto o un descenso de los ingresos “pero que asumimos por coherencia, responsabilidad y solidaridad con nuestros vecinos y vecinas”.
El equipo de Adelante Cádiz considera que “no sólo deben arrimar el hombro las administraciones y la ciudadanía” sino que se trata de buscar fórmulas “para implicar a otros estamentos y reforzar la solidaridad que se ha generado en la sociedad ante la crisis”.
El Ayuntamiento insiste en que en una situación de emergencia como esta “necesitamos que todos los estamentos estén implicados y colaboren o ayuden a que la sociedad pueda salir lo antes posible de la situación”.
De momento esta medida municipal tiene todavía que concretarse y decidir desde el momento en el que se van a girar los recibos a la Iglesia.
Cabe recordar que esta exención del IBI vienen heredada de los acuerdos a los que llegó el Gobierno español con el Vaticano en el año 1979. Sin embargo, hace dos años el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ya se mostró partidario de modificar la ley de tal manera que los ayuntamientos puedan cobrar este impuesto en los lugares que no estén destinados al culto ni a la enseñanza.
Esa tesis también fue propuesta posteriormente por Podemos, que hoy gobierna en coalición con los socialistas en el gobierno estatal.
Cuando hace dos años ya salió este tema a la palestra, la Iglesia afirmó que si esa medida se hace sólo con ella y no con el resto de la entidades que no tienen ánimo de lucro, “sería injusto”.
En esos acuerdos de 1979 se dice que estarán exentos de la contribución territorial urbana: templos y capillas destinadas al culto… dependencias o edificios y locales anejos destinados a actividad pastoral. Residencias de los obispos, canónigos y sacerdotes con cura de almas. Locales destinados a la curia diocesana y oficinas parroquiales. Seminarios para formar al clero diocesano y religioso, universidades eclesiásticas en tanto impartan enseñanzas eclesiásticas. Casas, conventos de órdenes o congregaciones religiosas o institutos de vida consagrada.
Fuente: diariodecadiz.es