El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha participado por videoconferencia, en el Consejo Consultivo de Política Medioambiental, en la que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado que la Comisión Europea repartirá el Fondo para la Transición Justa, con una dotación de 7.500 millones de euros, entre cien regiones europeas, no incluyendo a Cantabria y a buena parte de las provincias españolas.
Una decisión que ha provocado el rechazo de buena parte de los representantes de las comunidades autónomas presentes en la reunión, incluida Cantabria, ya que esta medida supone que esos fondos sólo llegarán a las provincias españolas de La Coruña, Asturias, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz.
Blanco ha mostrado su absoluto rechazo a la medida comunitaria y ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que solicite la inclusión de Cantabria entre las regiones europeas que resultarán beneficiadas por estos fondos.
«Queremos que el Ministerio presione a la Unión Europea porque Cantabria necesita esos fondos para no verse discriminada una vez más«, ha exigido el consejero, quien ha recordado que en la Comunidad desarrolla su actividad Solvay, una de las centrales de combustibles fósiles con más potencia que representa un motor de desarrollo y crecimiento económico, no sólo para la comarca del Besaya, sino para toda Cantabria.
«Solvay es la única empresa con una central de cogeneración de carbón y su supervivencia depende del cambio de modelo energético que forzosamente ha de afrontar», ha afirmado Blanco, partidario de dotar a las empresas de las herramientas y medidas de apoyo necesarias para que los procesos de cambio de modelo energético se lleven a cabo sin consecuencias negativas ni traumáticas.
En este sentido, ha insistido en la importancia de estos fondos para Cantabria porque, tal y como ha advertido, «la coyuntura internacional del mercado del carbonato hace que los sobrecostes inducidos por un forzoso cambio energético pueden sacar a las empresas de la región, en concreto, a Solvay, de los parámetros de competitividad global».
Durante la reunión del Consejo de Medio Ambiente también se ha analizado la situación de la calidad del aire, la incorporación de una dimensión ecológica del semestre europeo con el objetivo de que el medio ambiente esté presente en todas las políticas europeas, y la evaluación de la legislación del agua.
Cantabria se ha sumado a la postura común de las comunidades autónomas de reorientar las políticas públicas y el marco legal hacia acciones más efectivas que conlleven una mejor calidad del aire; la necesidad de seguir reforzando los enfoques del diseño de las redes de control y vigilancia de la calidad del aire, y revisar las normas de calidad del aire para alinearlas de manera más estrecha con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También ha apostado por reorientar el enfoque de los planes de mejora de la calidad del aire; marcar objetivos más ambiciosos a nivel de emisiones para lograr la descarbonización de vehículos ligeros y pesados, y alinear la introducción de energías renovables, como la biomasa, en los planes de cambio climático y energía con los objetivos de calidad del aire.
Otras medidas que ha propuesto son la mejora de la información facilitada a la ciudadanía sobre la calidad del aire a través de la tecnología de la información; la regulación de manera específica de la contaminación del aire interior, y el fomento de la investigación y el conocimiento en otros contaminantes.
Respecto a la legislación de aguas, la postura común de las comunidades autónomas aboga por mejorar la coordinación entre administraciones con el fin de fomentar tecnologías y prácticas innovadoras para un uso racional y eficiente de los recursos hídricos, con especial interés, en las aguas regeneradas y desaladas, así como la aplicación del principio de recuperación de costes que promoverá el control de consumos y la tarificación.