Un reciente informe de la CNMC pone de manifiesto que hay compañías que están continuando con su práctica de enviar comerciales a los domicilios, pese a su prohibición en 2018.
FACUA-Consumidores en Acción reclama medidas contundentes contra aquellas compañías eléctricas que están persistiendo en la práctica de realizar visitas puerta a puerta para vender sus productos, e insta a los usuarios a denunciar si reciben la visita de un comercial, algo prohibido desde 2018.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente su Informe de Supervisión del Mercado Minorista de Electricidad de 2018, aprobado en noviembre del año pasado, donde recoge una serie de malas prácticas que ha detectado por parte de las compañías eléctricas, entre ellas, seguir realizando visitas domiciliarias como forma de venta.
FACUA recuerda que esta práctica fue prohibida por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, en octubre de 2018. Dicha normativa recoge que las compañías eléctricas «no podrán realizar prácticas de contratación en los domicilios de los clientes de forma directa, salvo que exista una petición expresa por parte del cliente y a propia iniciativa para establecer la cita«.
Sin embargo, según el informe de la CNMC, «algunos comercializadores continúan realizando visitas domiciliarias para captar nuevos clientes, recabando posteriormente la autorización del consumidor«. FACUA advierte de que con esta práctica buscan, en muchos casos mediante engaños, pasar a los usuarios de la tarifa semirregulada al mercado libre, con precios mucho mayores, tal y como reveló un estudio realizado por la asociación a principios de enero.
FACUA, por tanto, insta a aquellos usuarios que hayan recibido en su domicilio la visita de un comercial de alguna compañía que denuncien ante las autoridades de consumo para que inicien, si procede, el correspondiente expediente sancionador.
Competencia también recoge en su informe otra serie de malas prácticas que ha detectado por parte de las compañías eléctricas. Entre ellas, la modificación de contratos sin respetar las condiciones pactadas inicialmente con el usuario, la reducción de la potencia contratada sin reflejarlo en las facturas, la modificación del peaje de acceso mediante la contratación de discriminación horaria sin conocimiento del consumidor o irregularidades con las penalizaciones que aplican en caso de bajas anticipadas.