La asociación ecologista Arca no participará en «ningún» acuerdo de mediación de derribos al considerar que se trata de un nuevo «truco» para evitar o alargar en el tiempo la ejecución de sentencias. Frente a ello, exige a las administraciones implicadas en este problema que acaten y cumplan todos los fallos judiciales «sin distinciones ni más aplazamientos».
Así lo ha indicado la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria en un comunicado difundido este lunes tras la «expectación y alarma social generada» por el anuncio del Gobierno autonómico de que aceptaba una mediación intrajudicial para la ejecución de fallos de demolición.
En concreto, el bipartito PRC-PSOE se refería a las 20 viviendas de Entrelindes (Liencres, Piélagos) y defendía al respecto que el objetivo era llegar al «mejor acuerdo» posible y «minimizar» los «efectos negativos» a propietarios y administraciones implicadas (Ejecutivo y Ayuntamiento).
Pero para Arca, promotora de la gran mayoría de sentencias de derribo en la Comunidad, se trata en cambio de «una nueva técnica dilatoria» en la que se «involucraba» a esta organización, a juicio de la cual la pretensión de la iniciativa es «seguir garantizando la impunidad de la administración y el desistimiento del demandante».
Así, entiende que dicha mediación es «el último truco con el que se intenta montar un artificio nuevo para evitar y alargar indefinidamente en el tiempo la ejecución de las sentencias».
En este sentido, denuncia que desde que hay órdenes judiciales firmes de demolición los sucesivos gobiernos cántabros (dirigidos por PRC-PSOE y PP) han «utilizado sus redes de poder político institucional e influencia social para boicotear el cumplimiento de las sentencias».
TRUCOS
En el comunicado Arca recuerda que hace quince años se creó el primer plan de derribos, que fue «denegado» por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria porque «apenas se derribaba nada de lo sentenciado».
Después -añade- se aprobó la primera ley en la materia, que fue declarada «inconstitucional» y «51 días después de la sentencia, se hace la segunda ley antiderribos, que igualmente es declarada inconstitucional», apostilla.
Y «posteriormente, para seguir dilatando los procedimientos en el tiempo, se adopta la idea de crear el conflicto artificial de si los pagos han de hacerse antes o después de demoler», se queja la asociación ecologista, para apuntar que el Tribunal Constitucional respondió entonces que bastaba con que la administración garantizase dicho pago.
«Como la realidad es que no hay voluntad política alguna de ejecutar todas las sentencias judiciales de derribo, en el año 2019 la administración autonómica se inventa un nuevo truco para seguir prorrogando indefinidamente la ejecución de las mismas: la figura del mediador», prosigue esta organización, para quien se trata de «un artificio nuevo para alargar indefinidamente» la ejecución de fallos.
Es decir, «una nueva técnica dilatoria, destinada a seguir garantizando la impunidad de la administración y el desistimiento del demandante», resume la agrupación ecologista.
BURLA AL PODER JUDICIAL, TRAMPA A ARCA Y PROLONGACIÓN DE LA AGONÍA
Según Arca la mediación no es una figura propia del derecho español, en tanto que la mediación intrajudicial es «ajena» al urbanismo, que «no es objeto de transición, sino de ordenación y no de intercambio». Así, al estar «fuera del campo de la mediación, no cabe la homologación de acuerdos en el desistimiento a la ejecución de la sentencia».
En consecuencia, considera que la mediación anunciada constituye «una burla al poder judicial, una trampa para nuestra asociación, y la prolongación de la agonía que vienen padeciendo los afectados».
«Nos encontramos ante un desvergonzado y prolongado caso de objeción y rebelión del poder Ejecutivo de la Comunidad de Cantabria contra el poder Judicial», denuncia Arca, para tildar esta situación de «escándalo de primer orden que socava los principios básicos de la democracia» además de «una vergüenza» para la región «protagonizada» por representantes públicos de diferentes partidos e ideologías.
APLICACIÓN ÍNTEGRA DE LAS SENTENCIAS
Frente a dicha mediación, Arca defiende que lo que se debe hacer es «aceptar y asumir la aplicación íntegra de las sentencias» de derribo por parte, precisamente, de «los responsables de las infracciones urbanísticas cometidas, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos afectados».
Y, además, «sin más dilaciones» se debe proceder a «reparar el daño causado a todos los afectados de buena fe, restituyendo la legalidad urbanística vulnerada mediante la ejecución de todas las sentencias sin distinción».
Para finalizar, Arca considera «de máxima importancia» la ejecución efectiva de «todas» las sentencias para que «estos desastres urbanísticos no vuelvan a repetirse», concluye.