La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Ejecutivo regional, Paula Fernández Viaña, ha pedido al Gobierno de España que no retrase más la convocatoria de ayudas para paliar los daños causados por las inundaciones de hace un año y desarrolle de forma efectiva el decreto ley que afectaba a Cantabria.
Al mismo tiempo, ha solicitado a la Administración del Estado que acelere los trámites para las últimas catástrofes que han afectado a los ayuntamientos de Reinosa, Campo de Enmedio, Vega de Liébana, Potes, Peñarrubia y Valderredible, ocurridas en el mes de diciembre, una vez que las administraciones locales ya tienen cerrada la evaluación de los daños que hicieron en colaboración con el Gobierno cántabro.
Así se lo ha trasladado en sendas misivas dirigidas a los ministerios de Interior y de Política Territorial y Función Pública, con las que ha querido respaldar las solicitudes de ayudas de los ayuntamientos afectados que harán llegar en los próximos días al Gobierno central, en relación a los proyectos que han tenido que acometer para reparar equipamientos siniestrados y otras actuaciones de evacuación, alojamiento y alimentación a las personas afectadas, a fin de que puedan ser subvencionados con el 50 por ciento del coste.
Fernández Viaña ha declarado que su departamento ha colaborado y realizado las gestiones necesarias con los ayuntamientos para ayudarles a tramitar estas solicitudes «en el menor tiempo posible», con el objetivo de que no haya retrasos en la tramitación de las ayudas.
En opinión de la consejera, los ayuntamientos y el propio Gobierno están efectuando «una rápida reparación de los daños causados en los bienes públicos para la recuperación de la normalidad en un plazo breve» y el Gobierno de España también «debe atender cuanto antes las necesidades que soportan ahora los municipios afectados para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
Ha recordado que Cantabria está pendiente de recibir otro millón de euros adicional, a través de una consignación a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, para aplicar en las cuencas del Saja y del Besaya medidas como la limpieza de ríos y evitar así nuevos desbordamientos.
Por todo ello, ha instado en ambas misivas a que el Ejecutivo central «lleve a cabo los trámites que resulten necesarios para la aplicación efectiva de estas medidas extraordinarias ¿Real Decreto Ley 11/2019– que, dada la magnitud de los sucesos de los meses de enero y diciembre, resultan necesarias para el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas».