Las prospecciones mineras en Cantabria serán objeto de debate del Parlamento Europeo el 2 de diciembre, tras la petición impulsada por Izquierda Unida Cantabria a finales de marzo de este año.
La iniciativa fue elevada por el dirigente autonómico de la formación de izquierdas, Israel Ruiz Salmón, a través de la Comisión de Peticiones, un organismo al que cualquier persona, colectivo u organización puede presentar todo tipo de propuestas.
Es este organismo el que decide, en función de la información aportada, la aceptación a trámite o no y su alcance en el debate parlamentario, un objetivo que esta iniciativa ha logrado y que se debatirá a principios del próximo mes.
En concreto, Ruiz Salmón, que acudirá a Bruselas para defender su postura, reclama que se investigue si el Gobierno de Cantabria ha actuado de conformidad con la legislación de la Unión al dar su aprobación al proyecto de prospección minera ‘Salia’, el más avanzado de los diferentes permisos de investigación que se están realizando en la comunidad, en la que hya otros abiertos como el de Buenahora, Cabo Redondo o Yuso.
‘Salia‘ afecta a los municipios de Suances, Torrelavega, Santillana del Mar, Reocín, Cartes y Mazcuerras y se quiere desarrollar en un área de interés que cubre 120 cuadrículas mineras con una superficie aproximada de 3.600 hectáreas.
Para Ruiz Salmón son «claves» los «déficits legislativos y normativos» que existen en Cantabria para, en primer lugar, que este tipo de actividad extractiva se lleve a cabo, ya que la comunidad carece, «en una dejación clara de funciones por parte de los sucesivos gobiernos autonómicos», de un Programa Autonómico de Investigación Minera, imperativo de la Ley de Minas española, que data de 1973 y que, además, «de preconstitucional está totalmente obsoleta».
«El Gobierno empieza, como viene siendo habitual, la casa por el tejado: carece de normativa que regule de forma eficaz y sin ambigüedad este tipo de actividades, además con un Plan Regional de Ordenación del Territorio que no está aprobado y con una modificación adhoc de la Ley del Suelo que abre la puerta al aprovechamiento de recursos cántabros por parte de multinacionales extranjeras», ha incidido.
Ruiz Salmón también insta a que se investiguen las contrapartidas que existen desde el punto de vista histórico y patrimonial, así como energético y de conservación de los ecosistemas y las actividades económicas ligadas.
En este sentido, ha aludido a la «amplia red de cuevas de Cantabria con Altamira a la cabeza, diez de ellas Patrimonio de la Humanidad«, que a su juicio «entran en conflicto con el emplazamiento del permiso ‘Salia’ y de otros, y la preservación del patrimonio y sus actividades culturales, históricas y económicas que tanto arraigo tienen en Cantabria».
Además, «ni siquiera desde el punto de vista laboral se está diciendo la verdad por parte del Gobierno y aliados oportunos en este momento, ya que es la propia empresa la que desmiente las cifras de las que tanto alardea el presidente del Gobierno de Cantabria y que, incluso siendo reales, comportan un empleo no más allá de diez años en colisión con la destrucción de otras actividades y del daño ambiental que producirá», ha señalado.
«No existen, por definición, ‘minas ecológicas’, como ha aseverado en repetidas ocasiones Miguel Ángel Revilla; si hasta tomar una taza de café tiene impactos al aire, al agua y al suelo, ¿cómo no lo va a tener unas de las actividades más agresivas en el propio medio?», ha sostenido.
En este sentido, en su iniciativa, IU resalta que dentro de la zona de investigación se hallan los hábitat de interés comunitario (6243, 7970, 7384, 7809, 8781, 10847, 10974, 11008, 10969, 12480, 12569, 12834, 13157, 13488, 13588) constatados en el Atlas de los Hábitats naturales y seminaturales de España del año 2005 y recuerda que la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE establecen un sistema de protección global y estricta de especies y hábitats incluso cuando estos se encuentran fuera de los lugares de la red Natura 2000.
«Esperamos que la investigación arroje unas conclusiones claras y, sobre todo, ponga luz ante la opacidad con que el Gobierno autonómico guarda los detalles más controvertidos», ha sentenciado.