El PP cree que el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha empezado «bastante mal» la nueva legislatura, con «desajustes», «contradicciones», «caprichos» en los cambios de denominación de las consejerías y con un proceso de nombramientos «caótico» y con «falta de rigor» en el que, a su juicio, el bipartito se está «saltándose la ley» a la torera.
Así lo ha denunciado este jueves, en rueda de prensa, la diputada regional Isabel Urrutia, quien ha señalado que «le preocupa» que un «Gobierno que no es nuevo» –hay varios de sus integrantes que se mantienen– tenga este tipo de «desajustes».
Entre ellos, se ha referido a los nombramientos y, además de denunciar el incremento de altos cargos «hasta el infinito y más allá», ha opinado que el proceso de designación de los nuevos cargos está siendo «un poco caótico», «desordenado» y «desconcertante».
Como ejemplo de ello, ha señalado que hay personas que han sido nombradas para un determinado alto cargo sin haber cesado a quien antes lo ocupaba, como, según ha dicho, ha ocurrido al frente de la Dirección General de Universidades, en las que Ángel Irabien fue designado para el cargo en sustitución de Marta Domingo.
Además, ha señalado que otras, como la regionalista Marina Lombó, han cambiado de cargo pero han sido nombradas para sus nuevos puestos sin haber sido cesadas antes en el que antes ocupaban (ahora es consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo y hasta ahora era directora del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria).
También ha afirmado que hay altos cargos que han sido nombrados en las direcciones generales antes de haberse publicado la estructura de la consejería a la que pertenecen.
En este sentido, Urrutia ha señalado que Cantabria cuenta con una Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional qué establece cómo debe ser el procedimiento.
La diputada del PP considera que el Gobierno debe dar «ejemplo» y, por ello, ha pedido a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), que «imponga rigor, responsabilidad y cumplimiento del procedimiento». Así Urrutia ha apuntado que si esto está ocurriendo con los nombramientos, qué ocurrirá cuando el bipartito empiece a gestionar.
También se ha quejado de que el Gobierno de Cantabria ha reducido, a su juicio, las publicaciones en el Boletín Oficial de Cantabria «a un mero» carácter informativo cuando tienen «carácter jurídico».
CAMBIO DE DENOMINACIONES EN LAS CONSEJERÍAS
Por otra parte, Urrutia se ha referido a los múltiples cambios de denominación de las consejerías –todas menos una han modificado sus nombres– y ha señalado que algunos «no los entiende muy bien» –como el de la propia consejería de Presidencia y Justicia (ahora Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior).
Por ello, ha anunciado que el PP ha registrado en el Parlamento una pregunta por escrito al Gobierno para pedir «explicaciones» sobre la motivación de estos cambios de nombre y sobre los costes que este «capricho» conllevará ya que, según ha dicho, ello conlleva sustituir rótulos, sellos o tarjetas.
«CONTRADICCIONES» SOBRE LA UNIFICACIÓN DE LAS SEDES JUDICIALES
Más allá de estas cuestiones de carácter organizativo, Urrutia ha afirmado que le han «sorprendido» algunas declaraciones públicas de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia o Acción Exterior, Paula Fernández, sobre el proyecto de unificación de las sedes judiciales en un nuevo edificio en el solar de Tabacalera en la calle Alta.
La diputada del PP se ha referido a las declaraciones realizadas hace unos días por Fernández en las que afirmaba que todas las sedes judiciales no caben en el edificio donde se preveían unificar (el antiguo convento de las Clarisas de la calle Alta) y hablaba que habría que cambiar el proyecto.
Tras estas palabras de la consejera, el PP le ha pedido una «aclaración» de los motivos por los que ahora «no sirve» el proyecto existente para esa unificación.
Para Urrutia, estas afirmaciones de Fernández suponen una «clara contradicción» con lo expresado en el debate de investidura por el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, que encargó a la consejera «ponerse en marcha» para que en esta legislatura se logre acabar con la actual dispersión de las sedes judiciales –distribuidas ahora en tres o cuatro lugares separados– y se «centralicen», aludiendo a la ejecución de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Audiencia Provincial y la Fiscalía Superior en la finca de la calle Alta ubicada frente al Parlamento.
Por todo ello, ha pedido a la consejera que «lo aclare» y «lo explique» y digan «cuál es la realidad».
EL PP PIDE AL GOBIERNO UN PLAN DE EMPLEO PÚBLICO
También Urrutia se ha referido a las palabras de Fernández, en la misma entrevista, sobre la necesidad de conseguir una Administración más equilibrada.
En este sentido, el PP ha «recomendado» a la consejera que para acabar con descompensaciones en el seno de la Administración regional apruebe un Plan de Empleo Público, que determine las «necesidades y las carencias» del empleo público y que, con sus conclusiones, elabore una Relación de Puestos de Trabajo que contemple la tasa de reposición actual y que recoja la actual transformación y modernización de la Administración».
Además, le pide que esto se haga con previo «consenso» y «concurrencia» de los representantes de los empleados públicos.
Para el PP, debe ser un instrumento «prioritario» para el Gobierno de Cantabria y le ha pedido que comience a hacerlo «cuanto antes» de cara a afrontar en esta legislatura su «plena ejecución» para tener una «Administración eficiente y de calidad«.