La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer ha asegurado que la retransmisión por televisión de juicios como los celebrados en la Audiencia Provincial de Madrid o el Tribunal Supremo y, en concreto, el juicio del procés, en el que ella misma ejerce como magistrada, es «un ejercicio muy positivo«.
En concreto, Ferrer se ha referido a la práctica aprobada en el año 2005 por el Tribunal Constitucional que permitía con carácter general que las cámaras de televisión entrasen a los juicios. «Es muy positivo para devolver la confianza a los ciudadanos del funcionamiento de las instituciones: que se vea lo que pasa, cómo se desarrollan los procesos, las pruebas y la actitud de las defensas con total transparencia», ha explicado.
Así lo ha señalado la magistrada durante su intervención en el curso ‘La justicia tiene solución’ organizado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
A su juicio, los medios de comunicación son «la correa de transmisión» de lo que ocurre en un juicio, «respecto al resto de la sociedad». «Ellos son los que dimensionan lo que ocurre en la sala para el resto de la colectividad en temas de interés general», ha aseverado.
En este sentido, Ferrer ha descartado la idea de que la existencia de medidas prohibitivas, e incluso sancionadoras en algunos países, a los medios de comunicación por emitir información sobre juicios sea, «una solución aceptable».
No obstante, ha señalado que la publicación de este tipo de información «exige un esfuerzo» de todos los implicados. Para ella, el esfuerzo pasa por la autorregulación y especialización de los profesionales de la información, pero también por la «implicación» de la Administración de Justicia en las campañas de información, al tiempo que ha señalado el «papel fundamental» que tienen los gabinetes de prensa de los tribunales.
Asimismo, la magistrada ha recordado que los juicios públicos «desgranan» una serie de derechos que «se ven afectados» como el derecho al honor, el derecho a la protección o el derecho a un juicio justo. En concreto, ha planteado la problemática de que la imparcialidad del tribunal por el estado de opinión que puedan crear los medios de comunicación.
Por ello, Ferrer ha querido hacer una «apuesta por la publicidad» vinculada a la transparencia porque, según ha aseverado, «a mayor transparencia en los procesos, menor es el riesgo de influencia del estado de opinión que se pueda generar en la opinión pública».
Según la magistrada, la «vara de medir» para comprobar que el tribunal no ha visto afectada su actividad por los medios de comunicación es el razonamiento que el propio tribunal «efectúa respecto a las pruebas en el enjuiciamiento de culpabilidad». Así, si la sentencia explica que la prueba ha sido «valorada con objetividad» y de manera «razonable», cumpliendo los parámetros del Constitucional, «no se puede establecer una afectación de la imparcialidad».
A este respecto, la jueza ha asegurado que en el caso español no se encuentran casos que afecten a la imparcialidad del juez por actividad de los medios de comunicación. «No conozco ninguna sentencia en España en la que se haya estimado una vulneración del derecho al juez imparcial por influencia de campañas de prensa«, ha sentenciado.
En la inauguración del curso han intervenido también el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, quien ha asegurado que el propio título del curso, ‘La justicia tiene solución’, es una «declaración de intenciones» con el objetivo de abordar diversos temas de interés judicial.
Además, el curso ha contado con la presencia de la presidenta del Consejo General de Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, el director de justicia del Banco Santander que patrocina el encuentro, Gregorio García Torres y el secretario general de la UIMP, Pablo Acosta.
Imagen de TVE