Las organizaciones sindicales han denunciado que los fondos adicionales están en manos de la Administración y no de los y las empleadas públicas
La Junta de Personal de Funcionarios y Funcionarias y el Comité de Empresa de la Administración General del Gobierno de Cantabria, (compuestos por los sindicatos CCOO, TU, UGT, SIEP, CSIF y SUC), ha acordado por unanimidad celebrar una concentración de todos y todas las empleadas públicas del Ejecutivo cántabro el próximo martes, 17 de diciembre, a partir de las 17.30 horas y frente a la sede de Peña Herbosa en Santander, ante la falta de voluntad negociadora y la unilateralidad en la toma de decisiones de la administración regional.
Las organizaciones sindicales han señalado que el objetivo de la concentración es manifestar el hartazgo ante la insostenible situación que están viviendo en los últimos meses, donde no se negocia nada. Así, en el caso de los funcionarios y funcionarias han puesto como ejemplo que aún no se han convocado los concursos abiertos y permanentes ni tampoco se ofertan todas las plazas en las convocatorias de concursos de traslados, que hay modificaciones parciales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y un exceso de comisiones de servicios que, en la actualidad superan las 600, así como en el uso y abuso en la designación de las comisiones de servicio extraordinarias.
Por su parte, en el caso del personal laboral, entre otras cosas, no se ha aceptado ninguna propuesta para los temarios y ni siquiera se trasladó la bibliografía solicitada para facilitar el estudio, ni tampoco se sabe si van a tener opciones a la promoción interna.
A todo ello se suma que en el caso de la Junta de Personal, la Administración no les ha convocado hasta el pasado jueves para negociar el reparto de los Fondos Adicionales, que en 2024 ascienden a 4 millones de euros de las partidas presupuestarias, y que son el resultado de dar cumplimiento al articulado de la Ley de Presupuestos del Estado. Sin embargo, la propuesta que presentó el Ejecutivo fue rechazada de forma unánime por todas las organizaciones sindicales al entender que se trataba de una propuesta “arbitraria”.
También ha habido reunión en el caso del Comité de Empresa con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en la que se confirmó que el personal laboral no va a recibir nada en el año 2024, que los 473.000 euros de 2023 están perdidos y que para 2025 sólo hay un millón y medio de euros para el convenio. Por todo ello, las organizaciones sindicales han denunciado que los fondos adicionales están en manos de la Administración y no de los y las empleadas públicas.