Cantabria solicita un nuevo juzgado laboral, otro más para San Vicente de la Barquera y el tercero de Santoña
Los órganos judiciales en Cantabria ingresaron durante el pasado año un total de 76.848 nuevos asuntos, un 3,4 % menos que el año anterior, y resolvieron 73.237 asuntos, esto es, un 4,5 % menos que los ventilados un año antes. La tasa de resolución de los órganos judiciales de Cantabria coloca a la comunidad, junto con Madrid, a la cabeza de toda España, al resolver el 95 % de los asuntos que entraron, por encima de la media, que fue del 92 %. Cada integrante de la carrera judicial en Cantabria recibió durante el pasado año una media de 972,8 asuntos (1.271,9 a nivel nacional), y dictó una media de 290,49 sentencias (277,7 a nivel nacional).
La tasa de litigiosidad en Cantabria fue de 130,61 asuntos registrados por cada mil habitantes, inferior a la del conjunto de las comunidades autónomas, que se situó en 145,66. No obstante, si se analiza el ingreso con relación a la población por jurisdicciones, se observa que la litigiosidad en los juzgados laborales de Cantabria es de las más elevadas de toda España, con 12,14 asuntos por cada mil habitantes, frente a una media de 9,63, lo que justifica la petición de un nuevo Juzgado de lo Social.
Por otro lado, los órganos judiciales de Cantabria dictaron un total de 71.761 resoluciones finales, entre sentencias (22.949), autos (32.931) y decretos (15.881). Los asuntos que se encontraban en trámite a final de año eran 39.862, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto a los que estaban en esa situación en la misma fecha de 2022. A nivel nacional, los asuntos pendientes aumentaron más del doble, un 17,2 %.
La duración media estimada de los procedimientos en primera instancia en Cantabria fue de 6,5 meses, ligeramente inferior a la media nacional (6,7); y en segunda instancia se situó en 6,6 meses, por encima de la media del conjunto del país (6,1). Todos estos datos se vieron afectados por la conflictividad laboral que la Administración de Justicia española vivió el pasado año: la huelga de letrados entre enero y marzo y la de funcionarios de mayo a julio.