Así lo ha dicho este miércoles antes de participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander
La vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que Bruselas está trabajando en una nueva directiva del IVA que «podría dar lugar a la capacidad de gravar» actividades como la de los pisos turísticos en las zonas tensionadas.
Así lo ha dicho este miércoles antes de participar en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, a preguntas de los medios sobre la propuesta de Sumar de aplicar un IVA del 21% a este tipo de alojamientos. En concreto, este partido político ha exigido al PSOE un paquete fiscal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 que suponga subir de forma generalizada los impuestos a los establecimientos turísticos y así hacerlos menos rentables en comparación con un alquiler permanente. En concreto, abogan por gravarlos con el IVA general del 21%. Para ello, han presentado ya en el Congreso este paquete en forma de proposición no de ley. La ministra ha pedido ir «paso por paso» y debatir primero en Europa, ya que el IVA tiene que estar «armonizado» con el resto de la Unión Europea y no es un impuesto que cada Estado miembro pueda regular ni pueda poner un tipo según su interés, sino que hay unos márgenes en los que se tiene que mover. Posteriormente, ha indicado que se tendría que abordar la posibilidad de establecer impuestos a estas viviendas, «si las fuerzas políticas lo comparten», y en las zonas tensionadas.
Aplicar el IVA en zonas tensionadas
En este punto, ha insistido en que donde los pisos turísticos suponen un problema es en los lugares donde los ciudadanos «no encuentran una alquiler asequible». Por ello, ha defendido que «en las zonas tensionadas se pueden plantear diferentes iniciativas» y «ésta puede ser una de ellas, pero hay otras también que están en cartera». Al hilo, ha remarcado que la vivienda es «uno de los pilares sobre los que va a pivotar esta legislatura», en la que se trabaja con el objetivo de tener más de 180.000 viviendas en régimen asequible para que «las familias no tengan que hipotecar su vida».