El Gobierno de Cantabria ha intensificado en las últimas horas el seguimiento que viene realizando, desde hace una semana, del naufragio del barco mercante hundido en el Golfo de Vizcaya.
Desde el pasado viernes el Ejecutivo, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, está realizando un análisis constante de la evolución de las manchas de combustible generadas y de los contenedores de carga que se encuentran a la deriva, a partir de los datos facilitados por las autoridades marítimas competentes.
Tras la notificación por parte de Capitanía Marítima al propio Gobierno regional, el día 15 de marzo, de la activación del Plan Golfo de Vizcaya para la Coordinación entre España y Francia de las acciones necesarias en caso extensión de la contaminación marítima, y la activación del Plan Marítimo Nacional en fase de alerta, –en previsión de posibles emergencias de Protección Civil no manifestadas aún en España–, el Ejecutivo autonómico tomó la determinación de activar ese mismo día, a las 13 horas, la fase de preemergencia del Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT).
Tras el hundimiento del carguero el día 12 de marzo, que transportaba vehículos y 111 contenedores, se localizaron dos grandes manchas de fueloil a unas 200 millas al noreste de la costa cántabra.
En la actualidad permanecen aún en aguas de influencia francesa, por lo que las autoridades marítimas del país vecino y del nuestro colaboran en la gestión de la incidencia, bajo la dirección del primero por haberse producido el hundimiento en su territorio.
Actualmente trabajan en la zona ocho embarcaciones, de las que seis son galas y cuentan con el apoyo de dos españolas.
Por si en algún momento, debido a la evolución de la meteorología y de las mareas, el vertido pudiera tener impacto en territorio marítimo español, –previsión que no se espera en los próximos días–, el Gobierno de Cantabria ha intensificado las labores de seguimiento del fuel y los cauces de coordinación con instituciones estatales para establecer los mecanismos necesarios en el caso de que, finalmente, se viera afectada la costa española.