La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) ha acusado a la Consejería de Medio Rural de «amiguismo y trato de favor» a un particular por regularizar «obras ilegales» en una zona protegida por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y el Parque Natural de las Dunas de Liencres, y ha reclamado la restitución de la zona afectada a su situación anterior.
La asociación recuerda en nota de prensa que en 2016 denunció ante varios organismos de la Administración regional las obras «ilegales» que un particular estaba realizando en el monte Tolío, «sin licencia municipal, dentro del ámbito del Parque Natural de la Dunas de Liencres y en zona protegida por el POL».
Dichas obras consisten, según explica, en el asfaltado de una pista con canaletas y cierres de hormigón a lo largo de 100 metros, relleno de 28 metros y desmontes de terreno en trinchera de 2 metros en un tramo de 18 metros, «amparándose en un simple permiso de mejora del firme».
Especialmente «grave» resulta, a su juicio, la construcción de un mirador en la arista del monte Tolío, en la separación del valle de Mortera con el pueblo de Liencres, con accesos y plataforma horizontal de 42 metros cuadrados, solado de hormigón, arquetas, canalización y barandillas de madera, provocando «un auténtico corte» en el perfil del monte, que atenta frontalmente contra una zona considerada de protección paisajística por el POL, además de ejercer «una posible afección» al Bien de Interés Cultural del monte.
Arca recuerda que la parcela situada en el monte en la que se han realizado las obras era propiedad de la Junta Vecinal de Liencres y cree que el camino asfaltado y cerrado por el particular «pudiera ser público».
La asociación sostiene que estas obras «ilegales», además de infringir el POL, por estar en una zona catalogada como ‘Área de interés paisajístico‘, son «incompatibles» con los objetivos de conservación del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del Parque Natural de Liencres, por lo que suponen «una intrusión y agresión de tal envergadura, que llegan al extremo de alterar la morfología física y natural de un paisaje doblemente protegido».
Ante estos hechos, señala, la Dirección de Medio Natural, dependiente de la Consejería de Medio Rural, «aún reconociendo que las obras no son compatibles con los objetivos del conservación del PORN, informa favorablemente la ejecución de obra de integración paisajística planteada para el mirador y su acceso con una serie de condicionantes».
Para Arca, resulta «inaceptable» que entre esos condicionantes «no se contemple el desmantelamiento del mirador y la restitución del perfil del monte a su estado original, como sería lógico y deseable».
«Especialmente desconcertante» resulta, en su opinión, la respuesta que la Dirección General de Cultura ha dado a su anterior denuncia, al señalar que «considerando que las obras ya se encuentran terminadas, de manera que ya no es posible determinar las medidas adecuadas de protección de restos arqueológicos que pudieran existir en la zona, así como que con la demolición no se conseguiría proteger el patrimonio arqueológico que pudiera visto afectado por la obra, no existe inconveniente para que continúe el procedimiento de legalización».
De tal respuesta «parece desprenderse», según Arca, que Cultura «favorece indirectamente las agresiones al patrimonio, al garantizar su inhibición ante las actuaciones ilegales consumadas». «Una actitud inaceptable y ofensiva por parte de un organismo en un estado de derecho, que cuestiona la propia razón de ser y la utilidad efectiva» de dicha Dirección General, añade.
Por ello, recuerda a las direcciones generales de Medio Natural y de Cultura que las leyes «están para ser cumplidas por todos sin excepción», y que la administración «ha de ser ejemplar en ello», en lugar de «contemporizar» con «determinados particulares», aceptando como inevitables sus infracciones «en virtud de los contactos o relevancia social que estos puedan tener».
Para Arca, con la respuesta dada a este particular se establece «un claro agravio comparativo» respecto a otros con los que «se es muy riguroso por actuaciones mucho menos lesivas».
Por ello, acusa a la Consejería de Medio Rural de «arbitrariedad y trato de favor» y considera su actitud «nada ejemplar e impropia» de un organismo de la administración regional, «cuya prioridad debe de ser el interés general y la imparcialidad e igualdad de trato para todos en la exigencia del cumplimiento de las normas».
Finalmente, solicita a la Consejería el «restablecimiento de la legalidad» mediante la restitución de las zonas afectadas por las obras ilegales a la situación previa a las alteraciones efectuadas.