El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Camargo (PSOE-PRC) ha conseguido sacar adelante en el Pleno extraordinario de este lunes la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el apoyo de Izquierda Unida y el concejal no adscrito Marcelo Campos, tras asumir sus propuestas a través de enmiendas presentadas en el propio Pleno, entre ellas la supresión de la polémica propuesta de ordenación del Barrio San Antonio.
El PP, que había anunciado su abstención por no estar de acuerdo con el modelo urbanístico del plan, ha votado finalmente en contra, lo que no ha tenido consecuencias en el resultado de la votación dado que el «pacto» con IU y Marcelo Campos aseguraba al equipo de Gobierno de Esther Bolado la mayoría absoluta necesaria para superar este trámite.
No obstante, el PP ha votado a favor de las propuestas de IU, que se han aprobado por unanimidad, y se ha abstenido en la de Marcelo Campos. El «pacto» con IU supone la eliminación del plan de ordenación del Barrio San Antonio, que contemplaba 542 viviendas en seis y ocho alturas y que pese a quedar retirada del PGOU ha centrado buena parte del Pleno, al que han acudido numerosos vecinos del popular barrio de Muriedas, que tiene más de 70 años.
También se ha incorporado a propuesta del IU la reserva de suelo en Cros para zonas deportivas, un parque infantil bajo cubierta y un auditorium en el polígono industrial que se encuentra entre las vías de tren (Fundiciones Varona), en la zona donde esta previsto el cubrimiento y el centro de salud Camargo Costa.
A propuesta de IU también se ha incorporado al PGOU un «Parque lineal«, que una las instalaciones deportivas de «La Maruca«, hasta el parque «Lorenzo Cagigas», con una zona deportiva provista de un rocódromo, una zona de parque infantil y una tercera zona de esparcimiento destinada a los mayores; y un área de aparcamiento en los espacios libres junto a La Vidriera.
Igualmente, el equipo de Gobierno ha aceptado la propuesta de Marcelo Campos para destinar a alquiler social el 30% de la vivienda de protección oficial prevista; y habilitar un registro de demandantes de vivienda de alquiler.
Según el equipo de Gobierno, los ejes principales del documento de aprobación inicial del PGOU son la creación de reservas de suelo para la construcción de viviendas sociales y la generación de suelo industrial, con la reserva de 800.000 metros cuadrados para este fin.
La alcaldesa ha señalado que la aprobación inicial del PGOU se ha demorado para incluir el cubrimiento de las vías, cuyo proyecto inicial ha dicho que está «prácticamente acabado» y el definitivo comenzará a elaborarse «en septiembre», por lo que ha estimado que el proyecto «puede ser una realidad en la próxima legislatura».
Bolado ha dicho que «le da igual» que presentar el PGOU a aprobación inicial a dos meses de las elecciones «sea un suicidio«, y ha destacado que era una de los compromisos del pacto de legislatura.
El portavoz del PP y exalcalde, Diego Movellán, ha criticado las «prisas» del equipo de Gobierno por llevar a Pleno, «en tiempo de descuento», un documento que según dice ha tenido «dos años parado», que «no ha negociado con nadie» y en el que «la participación ha sido nula».
Movellán ha dicho que el PGOU «no soluciona los problemas» de «masificación de viviendas», de aparcamiento y falta de dotaciones públicas, sino que «abunda en ellos» y «continúa avalando un modelo de crecimiento desmesurado», con 8.500 viviendas en un horizonte de 15 años, a la vez que «rompe y desestructura la armonía de los núcleos rurales» y «renuncia» a la creación de suelo industrial.
El exalcalde ha añadido que «afortunadamente desaparece la espada de Damocles sobre el Barrio San Antonio«, gracias a la «denuncia pública» del PP y la «presión» de los vecinos ante una «operación urbanística» que contemplaba la «desaparición» de 52 viviendas de este barrio obrero.
El concejal de Urbanismo, Carlos González (PSOE), ha replicado a Movellán que cuando llegó a la Alcaldía «echó al equipo redactor» anterior y contrató a otro pero «no se atrevió» a presentar un PGOU porque «le quedaba grande» y lo «guardó en un cajón».
González ha agradecido al PP que haya cambiado la abstención por el voto en contra y ha vaticinado que si algún día vuelve a gobernar, «no van a cambiar nada».
El concejal socialista ha acusado a Movellán de «engañar y alarmar» a los vecinos del barrio San Antonio justo antes del Pleno de aprobación inicial del documento, cuando «hace más de un año que tiene el documento», y ha asegurado que la propuesta de PERI (plan especial de reforma interior) «es defendible desde el punto de vista urbanístico y de ordenación», pero «si no lo quieren los vecinos se quita».
El portavoz del PRC y primer teniente de alcalde, Hector Lavín, ha señalado sobre este tema que «la dramática situación que se ha pintado» por parte del PP es «inexistente«. Ha reconocido que el PRC no compartía la edificabilidad prevista, y ha admitido el «error» de no haber explicado la propuesta.
Ha explicado que han optado por sacar la propuesta del PGOU cuando han visto que jurídicamente no se podía garantizar que la decisión para desarrollar el PERI fuera «del 100% de los vecinos», y no del 60%.
Con carácter general, ha destacado que Camargo necesita un plan general «como el comer» para «reestructurar los defectos» del municipio en cuanto a tráfico, aparcamiento y carencia de viviendas sociales.
Por su parte, el portavoz de IU, Jorge Crespo, ha asegurado que las propuestas de su grupo avanzan en la solución de los problemas de masificación del casco urbano, porque suprimen del PGOU «más de 1.000 viviendas» de las 8.500 previstas inicialmente.
También ha destacado que el plan contempla mejoras en los polígonos industriales. En su opinión, este PGOU «va a suponer un avance importante que deja atrás el urbanismo de los últimos 30 años y vislumbra un casco urbano en armonía». Ha recalcado que «hay cosas que no nos gustan y vamos a seguir trabajando para corregirlas en los siguientes estadios» de tramitación del PGOU.
El concejal no adscrito Marcelo Campos ha dicho que su propuesta sobre la viviendas de alquiler social «va a permitir solucionar un montón de problemas a futuro«, y ha destacado que ahora le corresponde a los vecinos dar su opinión en el trámite de exposición pública del PGOU.
El plan se someterá ahora a un periodo de exposición pública que será de al menos 45 días y en función de la participación se podría ampliar hasta los dos meses y medio.
Una vez recibidas las alegaciones y si el documento es aprobado en un nuevo Pleno con las alegaciones aceptadas, el PGOU será remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno de Cantabria para que dé su aprobación final, plazo que podría alcanzar en torno a un año. Mientras tanto seguirá en vigor el PGOU de 1988.