«¿Se darán cuenta los españoles del poder que tienen en sus manos?»
Los días 15 y 16 de noviembre ha tenido lugar el debate de investidura de Pedro Sánchez que ha salido presidente con los votos de lo más granado de cada casa y aunque lo barruntemos no sabemos a ciencia cierta, aún, cuanto nos costará a los españoles en economía, estabilidad política y en convivencia. Bueno, consecuencia de las políticas gamberras …
La gente tiene derecho a rebelarse contra la tiranía y tratar de mejorar la vida que se les quiere imponer. Existe en el manso imaginario popular español un nulo reproche social sobre los que se plantan ante la voracidad fiscal, auténtico tirano en las modernas democracias.
Defender la libertad y los derechos políticos constitucionales en el marco legal y político que esta ampara es una acción relevante que mostrar a separatistas y herederos que existe una alternativa. Hace falta ahora ver si existe coraje y análisis político suficiente para afrontar un debate que se presume contundente, sin complejos, para evidenciar que la democracia formal sin libertad es tiranía mayoritaria, instalada por 392.634 electores que pretenden convertir en actores aceptables, protagonistas decisorios en la política Nacional, a un fugado de la justicia que intentó subvertir el orden constitucional, provocando que muchos ciudadanos se revelen ante tal tiranía, la que supone ser gobernados por quienes les consideran enemigos que «les roban».
Ante esto cabe respuesta político constitucional, ¿qué pueden hacer otras Comunidades para que no decida sobre sus territorios alguien que pretende la separación de una parte y no tener vida política en común?
Las CC.AA (Comunidades Autónomas) tienen muchas competencias propias para defenderse de agresiones políticas, empezando por su propia capacidad legislativa o sus responsabilidades en la aplicación de la normativa general. Además siempre están los recursos al Constitucional de Cándido, que aunque muy compy de los gobernantes no podrá evitar la presión, también la mayoría absoluta que la oposición tiene en el Senado, la Federación de Municipios y Provincias de signo político mayoritario opuesto es otra institución con poder y capacidad para plantar cara a las estrategias destinadas a derribar el régimen de libertades que la Constitución de 1978 nos otorga, lo mismo que la presencia en los organismos de la Unión Europea permite recurrir a ellos, tribunales ordinarios aparte, todo esto además de una acción política que actúe y desmonte argumentos y comportamientos políticos de la coalición gobernante.
Esta es la vertiente institucional, con la enorme potencia que puede poner sobre el tablero político español para evitar o minimizar que lo decidido por los hijos de Sabino, herederos etarras, venerados pujolistas o izquierda rufianesca decidan el rumbo de una Nación de 48 millones de habitantes por su capacidad sobre el dictado gubernamental.
En este 2023 la palabra de moda en Washington ha sido «geoeconomía», tributaria del clásico Carl von Clausewitz, en donde el poder económico del consumo y su influencia en la política se estudia con meridiana claridad demostrando su eficacia.
¿Se darán cuenta los españoles del poder que tienen en sus manos para influir sobre los comportamientos de quienes rechazan compartir un proyecto común y únicamente quieren aprovecharse de mercados que consideran cautivos?
¿Pondrán en práctica los ciudadanos su enorme capacidad para «hacer comprender» por la vía económica y también política, que la agresión a la Constitución, a la convivencia democrática y pretender que el resto de españoles les pague la juerga es demasiado? Incluso para la muy cómoda y cobarde sociedad española.
Alfonso del Amo-Benaite: Consultor de Mercados & Marketing, pertenece a la Organización Profesional AEDEMO, a Insights + Analitics y al European Marketing Council.