Aún no se sabe qué agente de la Guardia Civil de Cantabria, supuestamente, mostró su carné de pertenencia a la Benemérita para que le devolvieran el dinero que, supuestamente, le entregó a la trabajadora de un club de alterne de Heras (Cantabria). ¿El coronel Antonio Orantos no quiere identificar a este agente de la Benemérita? ¿Es este el comportamiento que debe de tener un coronel de la Guardia Civil sobre un supuesto delito de un Guardia Civil de Tráfico de Santander? ¿Es cierto, señor Orantos, que la identificación del agente es vox populi en el cuerpo? Preguntas sin respuesta, pero caso archivado.
Según consta como diligencia policial reservada de la guardia civil prestada ante un comandante instructor y dando fe de la diligencia un secretario sargento de la guardia civil destinado en policia judicial, se dicta que «un agente acudió a ese establecimiento el pasado otoño. Entró a una de las habitaciones con una mujer. Poco después habló con uno de los responsables del local y, tras identificarse como guardia civil, reclamó que se le devolvieran los 50 euros «porque no estaba conforme con los servicios prestados«, habiéndose realizado tal pesquisa en el club de alterne New Borgia de Heras (Cantabria).
La denuncia de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil tenía dos vertientes: El posible delito de extorsión por parte del agente de la Guardia Civil y la omisión del deber de la persecución del posible delito por parte del coronel Antonio Orantos. Pues bien, recientemente el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander, cuyo titular es el juez Jaime Parra, ha resuelto archivar la causa de la omisión del delito, cuando en realidad debiera de haber resuelto sobre la posible extorsión, Es decir, el juez Jaime Parra, según consta en el recurso presentado, decide, en teoría, sobre una causa que no le corresponde.
Hace unos días la UNIÓN DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PROFESIONAL, presentó un recurso de reforma entendiendo que «NO CONSTA, EN ESTE EXPEDIENTE, DENUNCIA POR DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITO TIPIFICADO EN ELART. 408 CP Y RELACIONADOS EN ESTE EXPEDIENTE Y SÍ CONSTAN ACTUACIONES CONOCIDAS ANTES POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 5 DE SANTANDER (1263/2023) DOC1, tras denuncia de esta parte, por haber observado que se dejó de promover, por parte de funcionario o funcionarios, la persecución de los delitos de que tenga noticia, no habiéndose instruido, al parecer, el atestado correspondiente a concreta notitia criminis, no persiguiendo la acción del supuesto responsable del delito (entre otras, desde STS 17 de junio de 1998)».
En dicho recurso constan más actores que están desde el principio en el caso del agente de la Benemérita que, supuestamente, cometió delito de extorsión. «En este mismo sentido, de constatarse que tanto la Delegada del Gobierno, señora Quiñones, como el Mando de Operaciones de la Guardia Civil, conocieron de los hechos objeto de delito, no persiguiendo, ni dando cuenta de ellos, deberá quedar extendida, la denuncia y, por ende, la exigencia de responsabilidad hacia:
– DOÑA AINOA QUIÑONES MONTELLANO, Delegada del Gobierno en Cantabria.
– DON FÉLIX JESÚS BLÁZQUEZ GONZÁLEZ, Teniente-General de la Guardia Civil, responsable del Mando de Operaciones de la Guardia Civil.
MEDALLA PARA EL JUEZ JAIME PARRA
Es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, Vizcaya, 26 de julio de 1962), quien condecora al juez que instruye el caso de un agente de la Benemérita que parece ser que no pagó los servicios de una profesional del sexo. Todo bajo la instigadora batuta de un coronel más preocupado por la medalla para un juez que en ayudar a que los agentes de la Guardia Civil mejoren en su trabajo. Es el juez Jaime Parra quien ha archivado la causa que la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional ha recurrido.«No resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa», firma el condecorado juez en su archivo ya recurrido.