Acto público en defensa del derecho a la protesta / Amnistía Internacional celebrará su Asamblea General Federal anual los próximos días 22 y 23 de abril, sábado y domingo, en el Palacio de Festivales de Santander.
Con esta ocasión los y las activistas de Amnistía Internacional realizarán también un acto público el sábado 22 de abril a las 19.30 horas con el que pedirán que se proteja el derecho a la protesta en todo el mundo. El acto arrancará en el Palacio de Festivales y llegará hasta la explanada junto al Centro Botín, recorriendo el Paseo Marítimo. Allí se tomará una foto para visibilizar las amenazas que sufre la gente que sale a manifestarse en todo el mundo y se engloba en la campaña prioritaria de la organización “Protejamos la protesta”.
Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2022 hubo denuncias de uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad estatales en protestas pacíficas en al menos 85 de los 156 países examinados por la organización. También en el último año, hubo denuncias de uso de armas menos letales contra manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad en protestas pacíficas en al menos 67 de los 156 países. Y, en el mismo período, el ejército se desplegó para controlar manifestaciones en al menos 31 de los 156 países analizados la organización.
De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Afganistán a Nicaragua, además de los casos ya mencionados de Irán o Perú, las autoridades de los diferentes Estados adoptan cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta ; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados. La denuncia de estas situaciones es prioritaria para el movimiento de derechos humanos.